El 9 de junio de 2020, una patrulla municipal (unidad 023) detuvo presuntamente a Alexander “Chander” Martínez Gómez y sus amigos en la carretera El Amate–Acatlán de Pérez Figueroa. Según la versión oficial enviada por el entonces alcalde Adán Maciel y respaldada por la Policía, las motos se negaron a detenerse, atropellaron al oficial y provocaron que su escopeta se disparara accidentadamente contra el adolescente. Luego, los agentes habrían auxiliado al joven y asegurado un arma como indicio.
VERSIÓN FAMILIAR: “EJECUCIÓN Y ARMAMENTO SEMBRADO”
Contrario a lo anterior, los jóvenes acompañantes relataron que la patrulla se “cerró abruptamente”, varios policías descendieron de la batea y comenzaron a disparar. En ese caos, Chander cayó de su moto y fue baleado. Sin atención médica inmediata por parte de los agentes, fue la comunidad la que exigió ambulancia y atención.
Su madre, Virginia “Vicky” Gómez, acusa que agentes plantaron una pistola junto al cuerpo de Alexander para justificar la versión oficial. Y, se señala, que esto fue corroborado por una testigo clave. La Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca calificó el hecho como “una ejecución arbitraria” y detectó evidencia de múltiples disparos, daños en vehículos y árboles, los cuales las autoridades no investigaron en su momento.
DECLARACIÓN DEL POSESOS: EXPOLICÍA CONFIESA DISPARO DIRECTO
Sergio R. R., expolicía municipal, fue identificado como el autor del disparo. Aunque fue absuelto en marzo de 2022 y permaneció prófugo durante casi dos años, el 25 de marzo fue recapturado y el 24 de enero de 2024 el Tribunal de la Cuenca le sentenció a 40 años por homicidio calificado con ventaja.

La Fiscalía explicó que quedó acreditado que Sergio R. R. disparó intencionadamente contra Alexander, puesto que salió de la patrulla con escopeta y disparó sin que mediara agresión. Como parte de la sentencia, se ordenó un pago de más de 400 mil pesos en favor de las víctimas indirectas. Además, obligaciones para medidas de rehabilitación y satisfacción.
CRÍTICA A LA IMPUNIDAD SISTÉMICA
Pese a la condena, los familiares y organizaciones critican que persisten cuatro policías implicados sin ser procesados, muchos aún activos en la corporación. No se ha cumplido con la disculpa pública ni se investigó a los responsables de la manipulación de la escena del crimen, tal como pidió la Defensoría en su Recomendación 1/2021. Tampoco se han otorgado reparaciones totales ni se ha reconocido públicamente la responsabilidad institucional.
Vicky sigue recibiendo amenazas por redes y presiones por su activismo. Ha abandonado su trabajo y vive con escoltas.
“No me voy a callar”, afirma, mientras presentó más denuncias contra los policías restantes y funcionarios que encubrieron los hechos.
CONTRASTE ENTRE VERSIONES

A MANERA DE CONCLUSIÓN
El asesinato de Alexander expone las profundas contradicciones entre las versiones oficial, familiar y judicial. Lo que la policía intentó presentar como un accidente no se sostuvo ante evidencias externas, testimonios clave y un proceso que culminó en una sentencia histórica, aunque tardía.
Sin embargo, la justicia sigue inconclusa: cuatro policías continúan sin castigo, no hubo disculpa institucional y la reparación integral no se ha cumplido. Mientras, la familia de ‘Chander’ —y especialmente su madre— continúa luchando por una justicia plena, un reconocimiento público y el fin de la impunidad.