Audiencia con Yarith, sin acuerdo reparatorio
No se logró conciliar entre la parte afectada y la diputada local, presunta responsable del mortal accidente
Más de dos horas duró la audiencia de este lunes entre los familiares de la señora Martha Ríos Ríos, quien perdiera la vida en el trágico accidente registrado el pasado 17 de septiembre, y la diputada local Yarith Tannos Cruz, sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo reparatorio.
En punto de las 11:00 horas, llegaron a la Vicefiscalía Regional de Santo Domingo Tehuantepec, familiares de la ahora occisa acompañados de habitantes de la comunidad de Llano Grande.
En presencia de los dos lesionados: José Manuel Silva Ortiz, Constantino Zárate Ríos y los deudos de la ahora occisa, se llevó a cabo la audiencia donde se esperaba llegar a un acuerdo reparatorio con la diputada local Yarith Tannos, presunta responsable de tragedia.
Dos horas después, en punto de las 14:30 horas, salieron los afectados quienes manifestaron a los medios de comunicación que no hubo ningún acuerdo.
Pedro Zarate Ríos, deudo de Martha Ríos manifestó que los peritos le están haciendo ofrecimientos “ridículos” que no cubren sus gastos, por lo que buscarán apoyo en otras instancias.
Asimismo, indicó que pidió a la legisladora que fuera sincera y reconociera si el día del accidente ella conducía en estado de ebriedad, sin embargo, la diputada lo negó, por lo que consideró que no hay sinceridad de parte de Tannos Cruz, “si no hay sinceridad, qué se podría esperar” dijo Zarate Ríos.
Cabe recordar que el proceso se encuentra en la etapa de investigación preliminar de acuerdo al Código de Procedimientos Penales, mientras no sea turnado al Juez y se le dio intervención al Centro de Justicia Alternativa de la Fiscalía para que las partes lleguen a un diálogo y un posible acuerdo regulatorio con base en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.
Sin embargo, en esta audiencia las partes involucradas no lograron determinar, por lo que la carpeta de investigación retornaría al Ministerio Público para continuar con la investigación y en su momento judicializarla al Juez de Control, quien a su vez podría enviar la causa penal al Centro de Justicia Alternativa para que las partes, tanto imputada como víctimas, puedan llegar a un acuerdo regulatorio.
