La visita del fin de semana pasado que efectuó Andrés Manuel López Obrador a la zona de obras de Salina Cruz y el Corredor Transístmico fue más con afán de presionar, de exigir, fijar fechas que de supervisar y escuchar los problemas que enfrentan las tareas y, ¡como no! fijar un ultimátum a los responsables de la nivelación de la vía ferroviaria, edificación y rehabilitación de túneles y, sobre todo, la construcción del nuevo rompeolas y la demolición del antiguo de la zona “comercial”.
El últimátum: ¡tienen 3 o 4 meses para concluir la obra! El problema es, como lo documenta un informe oficial, algunos tramos tienen un pírrico avance del 37% como el de Suchilapa a Ubero o Sarabia-Mogoñe, con 40% o Mogoñé-Matías Romero, con apenas 24% de obra concluida. Es cierto, hay dos tramos con más del 90%, que no tendrían problemas.
Varios frentes están abiertos y que han entorpecido el avance del Transístmico: las protestas de “campesinos” agrupados en “organizaciones sociales” en la zona de Mogoñé Viejo por presunta falta de obras e indemnizaciones por predios, muchas de estas demandas no son solo de ahora. Es la zona con mayores retrasos y no se ve cómo, a corto plazo, se logre “convencer” a los habitantes del lugar para acelerar los trabajos y se trabaje sin sobresaltos. La solución ha sido policiaca: desalojo violento y presencia de la Guardia Nacional.
Además, la fiera disputa entre contratistas, transportistas como los sindicatos Catem-CTM, Libertad y la Confederación Internacional de Trabajadores, forcejeos que rayan en actividades delincuenciales o propias del crimen organizado y que, incluso, se han visto relacionadas con muertes por disputas de contratos, del traslado de materiales, de la explotación y abastecimiento de materiales de construcción, entre otros muchos. Las páginas de EL IMPACIAL han dado cuenta de ello.
Más aún, la falta de consulta “libre e informada” a las comunidades para después poner en marcha las licitaciones encaminadas a instalar los 10 “polos de desarrollo” que se presentan.
Las obras van rezagadas, quizá por ello el afán de López Obrador de presentarse periódicamente. En el trazo se ha dado un auge constructor, como en puntos del Tren Maya o la refinería de dos Bocas. Datos del Inegi muestran un boom para la industria de la construcción, solo que con recursos federales, sin planeación, a gusto del gobierno y con escasa visión de futuro que no sea la visión presidencial.
Los oaxaqueños han estado ajenos a ese auge y limitados a “ver pasar” el progreso; incluso, hace algunas semanas los constructores señalaron que han sido marginados de esos trabajos que realiza el ejército y grandes empresas.
Esos ultimátums presidenciales pueden llevar a acelerar los trabajos y la construcción “al vapor”; muy propio de las tradicionales obras del priismo para concluirse “en tiempo y forma” solo que de papel, pegadas con engrudo y sin cimientos sólidos, para que las inaugure el Presidente.
Que harán los constructores para llevar del 14% al 100% la demolición del antiguo rompeolas comercial y cumplir el deseo presidencial; o avanzar en 120 días de 41.2% a la terminación del rompeolas oeste, por ejemplo, sin el riesgo de realizar una obra al vapor, como las que nos tienen acostumbrados los gobiernos y la 4T que no es la excepción, ahí está el Metro de la ciudad de México.
De nueva cuenta el riesgo es quedarnos con un elefante blanco, una obra faraónica con recursos estratosféricos o con sobreprecio por la “necesidad”-necedad presidencial de que se concluya en los plazos que López Obrador determine y no los plazos fijados por la propia obra y por los problemas que debe ir resolviendo en el camino.
Así ha sido con el AIFA, con problemas de conectividad; con Dos Bocas, que afronta inundaciones y aún no produce nada, con el Tren Maya y la destrucción de la selva, cambio de trazo, sin estudio ni mitigación de impacto ambiental.
Es riesgo, insistimos, es una obra al vapor. Inauguradas a medio terminar, sostenida con alfileres y que resulte fallida para impulsar el desarrollo del sur-sureste. Ojalá nos equivoquemos, pero hay más indicios en el sentido de que no se están haciendo bien las cosas, o al menos de la mejor manera.
Y, además, aceptan que hay retrasos.
Discriminación educativa
En el Centro de Desarrollo Infantil (CENDI-1) “Guadalupe Hinojosa”, localizado en la calle de Miguel Hidalgo de esta ciudad de Oaxaca, están sucediendo diversas irregularidades que afectan el derecho de los menores a recibir una atención educativa y tienen a la directora, Vanessa Armenta Ramírez, como su brazo ejecutor.
En este espacio se ofrece servicio maternal y de preescolar y pertenece al Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca (STPEIDCEO) pero se niega la estancia a niños y se les revictimiza con la justificante que tienen alguna discapacidad.
Una denuncia presentada por los padres ante esta columna da cuenta que se pide las autoridades educativas, de la Secretaría de Administración y del sindicato a poner atención a las anomalías. Contra de la directora hay quejas interpuestas ante Derechos Humanos por limitar la estancia de menores y condicionar una atención que debería sin distingo alguno, sin discriminación ya que nada tiene que ver la condición de las y los menores para tener un trato digno y respetuoso.
Por eso, Vanesa Armenta Ramirez es señalada por evitar ejercer su profesión con ética y que su estancia ha dividido a padres y madres de familia, ha causado estragos en la formación de menores a quienes menosprecia con sus determinaciones unilaterales.
