La seguridad en los centros penitenciarios es un pilar fundamental para el funcionamiento del sistema de justicia penal. Lejos de ser espacios meramente de reclusión, las prisiones deben constituirse como lugares de rehabilitación, control institucional y respeto a los derechos humanos. No obstante, la realidad refleja una profunda crisis estructural en la operación de los penales, donde la seguridad interna está comprometida, las mafias operan con impunidad y las autoridades frecuentemente carecen de control efectivo.
El recurso humano es la columna vertebral del sistema penitenciario. Sin personal profesional, ético, bien remunerado y capacitado, ningún sistema de seguridad puede funcionar. Lamentablemente, en muchos contextos los custodios penitenciarios enfrentan bajos salarios, jornadas extenuantes, falta de protección y riesgo constante. Esto los vuelve vulnerables a la corrupción y al colapso emocional.
Se requiere implementar academias penitenciarias con estándares profesionales, evaluaciones periódicas de desempeño y protocolos de integridad y protección para el personal. El fortalecimiento de la carrera penitenciaria es clave para blindar la seguridad interna.
En la mayoría de los casos las cárceles no cumplen adecuadamente su función rehabilitadora ni garantizan condiciones mínimas de seguridad. Las estadísticas reflejan un panorama preocupante: amotinamientos frecuentes, asesinatos dentro de las cárceles, ingreso de armas y drogas, corrupción, y un alarmante grado de control por parte de grupos criminales.
La sobrepoblación es quizás el detonante más grave del deterioro penitenciario. Penales construidos para mil personas llegan a albergar hasta el triple de internos. Esta condición hace imposible implementar controles efectivos, separaciones adecuadas por perfil criminológico, y genera condiciones de hacinamiento que deshumanizan a las personas privadas de la libertad.
