No es la primera vez que habitantes de agencias municipales de San Juan Mazatlán, Mixe, que reclaman ante un terco y empecinado presidente municipal, Macario Eleuterio Jiménez el pago de sus participaciones, incurren en actos fuera de la ley para presionar al gobierno de Alejandro Murat. El año pasado, luego de semanas de bloquear la Carretera Transístmica e impedir la libre circulación, por la misma demanda, retuvieron de manera ilegal y contra derecho, a la ex diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Yarith Tannos Cruz. Lo que fue calificado como un vil y vulgar secuestro nunca tuvo castigo. La liberaron cuando quisieron y todos felices y contentos. En 2020, en pleno auge de la pandemia, por el trillado tema de las participaciones cerraron la referida vía, impidiendo el tránsito vehicular, inclusive de camiones con tanques de oxígeno para pacientes graves de Covid-19, que requerían del mismo para vivir.
Desde el viernes 13 de mayo y hasta el pasado jueves 19, en demanda de los sobados recursos que exigen al edil Macario Eleuterio –protegido por quién sabe quién- retuvieron un autobús en el que viajaban 37 docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), que se dirigían a su centro de trabajo en San Juan Bautista Tuxtepec. Además, a una veintena de trabajadores de Salud. Con todo el dolo y mala fe, los habitantes de la agencia “La Mixtequita”, sin que los retenidos tuvieran algo que ver con su exigencia, sino para presionar de manera cobarde y ominosa al gobierno estatal, los secuestraron y mantuvieron tirados en el piso de la agencia municipal. Las protestas del sindicato de dicho nivel educativo, así como el de mentores de la Sección 22, afectaron la vida ciudadana, por un grupo de rijosos vecinos que ya se acostumbraron a caminar al filo de la ley.
Por más legítimas que sean las exigencias nada justifica retener en contra de su voluntad a una persona. Eso debe castigarse. Ninguna solución deben ser las mesas de diálogo cuando los que protestan violan la norma. Debe aplicarse la ley. Ya es común que por angas o mangas cualquier hijo de vecino retenga a trabajadores del gobierno estatal o legisladores, cerrando los accesos y dejando a mujeres y hombres retenidos durante horas, porque hay mentes perversas que encabezan dichas manifestaciones que asumen, que de esa forma el gobierno se habrá de ablandar. Eso no debe ocurrir más en Oaxaca. Eso se llama impunidad.
Contra ediles omisos
En el segmento editorial anterior mencionamos el empecinamiento y terquedad del presidente municipal de San Juan Mazatlán, Mixe, en entregar de manera oportuna los recursos que le corresponden a las agencias municipales y de policía de dicha jurisdicción. Este sujeto ha provocado problemas colaterales como es el caso del cierre constante de la Carretera Transístmica y sigue en las mismas. En 2021, a raíz del bloqueo carretero que se prolongó por semanas hasta convertirse en un negocio de autoridades auxiliares y vecinos de al menos cinco comunidades, el edil fue citado a la Secretaría General de Gobierno. Sin embargo, no acudió. Es decir, se asume estar por encima de las autoridades estatales que, inexplicablemente, lo siguen tolerando sin fincarle responsabilidades de tipo administrativo o penal, que le sirva de escarmiento ante la actitud terca y obstinada en quedarse con recursos ya etiquetados que no le corresponden.
A raíz del secuestro de al menos 70 personas que mencionamos antes y de abusos como la quema de vehículos, la diputada local y presidenta de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura del Estado, Laura Estrada Mauro, hizo la advertencia de que, si Macario Eleuterio sigue en su actitud beligerante de generar problemas colaterales, iba a proponer a la Comisión Permanente la revocación de mandato. Sin embargo, es posible que, como siempre ocurre, haya intereses políticos que obstaculicen cualquier acción al respecto. Insistimos: ¿qué o quiénes protegen a este sujeto que la hace una y otra vez sin que les sean fincadas responsabilidades, como compete a ediles omisos, corruptos y morosos? Nada se sabe al respecto. Lo que sí es cierto es que los problemas sociales han seguido y quien ha pagado los platos rotos es la ciudadanía inerme.
El Congreso del Estado está obligado a tomar acciones severas y contundentes en contra de dichos ediles, particularmente en contra del de San Juan Mazatlán, Mixe. Ya basta de tanta componenda y complicidad con aquellos que asumen tener más poder que la legislatura o estar a la altura del ejecutivo estatal. Desde hace mucho aquí procede la desaparición de poderes y los diputados (as) tienen la palabra. Esperamos que la legisladora Estrada Mauro haga valer la suya y no esperar a que la violencia y las afrentas a la ley de grupos de inconformes, vaya a provocar cualquier día un innecesario baño de sangre. Castigar con todo el peso de la ley tanto al edil como a los vecinos que confundieron libertad de expresión con secuestro.
