Por Jesús Emilio de Leo
El día de mañana en nuestro país regresarán a clases una buena cantidad de niñas, niños y jóvenes. Para quienes acudirán a escuelas particulares el reto radicó en elegir el formato para su reincorporación, presencial, en línea o híbrido, pero para quienes lo harán a escuelas públicas, la opción sigue siendo a distancia a través de los canales de multiprogramación de televisión abierta, ya sean públicos o privados.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) considera que la educación es un derecho humano que debe ser garantizado a cualquier persona sin distingo de género, nacionalidad o preferencia religiosa, ya que se debe dotar por igual para que posean conocimientos, competencias y valores para vivir con dignidad, construir sus propias vidas y contribuir a la vida en sociedad.
Según cálculos del propio organismo internacional, a nivel mundial, 262 millones de niños y jóvenes no asisten a la escuela, y 6 de cada 10 de los que sí acuden, aún después de varios años de estudios, no han adquirido competencias básicas de lectoescritura y aritmética. En el ámbito de los adultos, 750 millones son analfabetos.
En el escenario internacional, el análisis resultante de una combinación entre pandemia y confirmación del modelo de desarrollo capitalista nunca había tomado las proporciones que hoy tiene. Aunque el capitalismo tiende a generar crisis económicas, estas son vistas como ajustes necesarios para la estabilización de los mercados o monedas, sin poner en riesgo la idea de desarrollo. Hoy, después de un año y cinco meses, han aparecido dos nuevas formas de discriminación a nivel global, la vacunación y la educación.
La vacunación porque restringe la movilidad en tanto los países del orbe se ponen de acuerdo respecto a las vacunas que gozan de mayor confianza para la apertura de sus fronteras y los requisitos que implementaran para el ingreso a su territorio.
En el caso de la educación porque su acceso presencial no está garantizado por su propia infraestructura física, acceso tecnológico o condiciones sanitarias.
En nuestro país, la educación es considerada un derecho fundamental consagrado en el artículo 3º de la Constitución Política Nacional y corresponde al Estado Mexicano garantizar su acceso al nivel básico en condiciones de laicidad y gratuidad.
Ante el reciente panorama, se creyó que una alternativa para lograr el acceso general era a partir de la alianza entre tecnología y contenido educativo, pero en nuestro país, durante mucho tiempo la educación en línea fue poco impulsada por las instituciones académicas, destinada generalmente para cursos y algunos diplomados, con algunas claras excepciones como la Universidad de Guadalajara que cuenta una larga trayectoria en este ejercicio.
En semanas anteriores el debate entre actores gubernamentales, docentes y padres de familia se centró en regresar o no clases en formato presencial. El intercambio fue infructuoso porque las condiciones de una tercera oleada de contagios y decesos en pleno proceso de vacunación no permitieron tener posicionamientos definitorios. La verdad es que la circunstancia no permite que nadie tenga una respuesta clara a todas las interrogantes que plantearon padres de familia y docentes, por lo que el resultado del regreso a clases será producto del consenso y de la voluntad de todas y todos.
Aún no hay conclusiones generales sobre el efecto del confinamiento que paulatinamente se ha ido relajando, pero en nada abonará al desarrollo de las sociedades el no elegir algún formato educativo disponible para que las niñas y niños que si puedan hacerlo regresen a clases.
Mientras tanto, a las autoridades les corresponde seguir diseñado acciones para garantizar el acceso universal a la educación, a las familias corresponsabilizarse en el esfuerzo que emprenderán las escuelas y a quienes mañana regresan a clases aprovechar el esfuerzo de miles de personas que lo harán posible.
