El Registro Civil de Oaxaca atraviesa una de las crisis más graves de su historia. Lo que debería ser una institución eficiente al servicio de la ciudadanía se ha convertido en un símbolo de burocracia, negligencia y falta de capacidad operativa. Miles de personas, especialmente en comunidades rurales e indígenas, enfrentan grandes obstáculos para obtener documentos básicos como actas de nacimiento, matrimonio o defunción.
El colapso del Registro Civil no es solo un tema administrativo, sino una emergencia social que requiere atención inmediata y compromiso político real. Mientras no se tomen decisiones firmes, miles de oaxaqueños seguirán siendo víctimas de un sistema que les niega su derecho a existir legalmente.
Esta situación no solo afecta trámites personales, sino que limita el acceso a derechos fundamentales como la educación, salud y programas sociales. Los trabajadores de base denunciaron que el colapso del servidor principal provocó la pérdida de información reciente, afectando trámites como anotaciones marginales y aclaraciones de actas.
Para deslindar responsabilidades hoy afirman que el servidor es obsoleto desde hace varios años y pese a los constantes reportes las autoridades no realizaron los respaldos necesarios, lo que agravó el problema tras un apagón ocurrido hace dos semanas. Por eso rechazan las acusaciones de supuestos actos de sabotaje, pues no tienen acceso a la manipulación del sistema.
En este escenario, muchos usuarios reportan retrasos de semanas e incluso meses para obtener una simple acta certificada, mientras otros denuncian cobros indebidos por trámites que deberían ser gratuitos. La digitalización prometida hace años no ha logrado consolidarse y, en muchos municipios, los sistemas informáticos no funcionan o son totalmente inexistentes.
Además, la reciente descentralización de servicios ha generado confusión y duplicación de funciones, afectando aún más la eficiencia institucional. El problema no es menor: sin identidad legal, las personas quedan en una especie de “limbo jurídico”, invisibles ante el Estado.