La libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales más importantes en toda sociedad democrática. Este derecho permite a las personas expresar sus ideas, opiniones y sentimientos sin temor a represalias, censura o persecución. No solo es un principio que garantiza la dignidad y autonomía del ser humano, sino también una herramienta esencial para la participación ciudadana, el debate público y la construcción de gobiernos responsables y transparentes.
En momentos como los que se viven en nuestro país, proteger la libertad de expresión significa asegurar que todos los ciudadanos, periodistas, artistas, académicos y defensores de derechos humanos puedan hablar y escribir libremente, incluso cuando sus ideas resulten incómodas para los poderes establecidos. Esta protección debe incluir tanto a quienes utilizan los medios tradicionales como a quienes se expresan a través de plataformas digitales.
En la era de internet, donde la información circula a una velocidad sin precedentes, es indispensable que las leyes y políticas públicas se adapten para evitar formas de censura encubierta, vigilancia arbitraria o criminalización del discurso. Sin libertad de expresión, se debilitan los contrapesos al poder, se fomenta la autocensura y se socava la confianza en las instituciones.
Los gobiernos tienen la obligación de no solo abstenerse de interferir en este derecho, sino también de crear un entorno seguro para su ejercicio. Esto incluye investigar y sancionar agresiones contra periodistas, proteger a quienes denuncian actos de corrupción, y educar a la población sobre la importancia de la diversidad de ideas y la tolerancia. Proteger la libertad de expresión es defender la voz de todos. Solo en una sociedad donde se pueda hablar con libertad, se podrá aspirar a una democracia verdadera, vibrante y plural. El compromiso con este derecho no puede ser selectivo ni condicionado: debe ser absoluto y permanente.
