A la luz de los últimos acontecimientos en el Penal de Tanivet, y a pesar de múltiples reformas legislativas y promesas institucionales, los centros de readaptación social siguen arrastrando vicios históricos que comprometen su función esencial: la reinserción efectiva de las personas privadas de la libertad. En lugar de ser espacios de rehabilitación, muchos de estos centros siguen siendo entornos donde imperan la corrupción, el hacinamiento, la violencia y la falta de programas verdaderamente eficaces para la reintegración social.
Uno de los problemas más alarmantes es la corrupción estructural. Internos y sus familias denuncian cobros ilegales por acceso a derechos básicos como atención médica, alimentos de calidad o incluso seguridad personal. Esta práctica, lejos de erradicarse, se ha normalizado dentro del sistema penitenciario, reproduciendo dinámicas de poder y desigualdad que debilitan la dignidad humana.
El hacinamiento también continúa siendo una constante. De acuerdo con datos oficiales, muchos centros operan por encima de su capacidad, lo que genera condiciones insalubres, limita el acceso a servicios y multiplica los conflictos internos. Esta situación no solo viola los derechos humanos, sino que impide que las personas privadas de su libertad accedan a una estancia digna, segura y con posibilidades reales de transformación personal.
Además, la falta de personal capacitado y programas de readaptación sólidos y continuos ha reducido estos espacios a simples depósitos de personas. La educación, el trabajo y la atención psicológica -componentes fundamentales para la reinserción- son escasos o inexistentes en varios estados del país. La persistencia de estos vicios refleja una deuda histórica del Estado mexicano con el sistema penitenciario.
Urge una transformación profunda, no solo en infraestructura, sino también en el enfoque: de la represión a la reinserción, del castigo a la justicia restaurativa. Sin voluntad política, transparencia y participación social, los centros de readaptación seguirán siendo fábricas de exclusión y no puentes hacia una segunda oportunidad.
