Adiós a la chatarra

De nueva cuenta, Oaxaca fue tendencia esta semana en los medios nacionales. En esta ocasión, gracias a la aprobación de reforma a Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, en la que se adiciona el artículo 20 BIS, mismo que establece la prohibición de distribuir, vender, regalar o suministrar bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico a menores de edad, así como la instalación de máquinas expendedoras en instituciones educativas de nivel básico y medio superior (https://bit.ly/2DLVCCt).

Con 31 votos a favor, la LXIV Legislatura del Estado estableció un precedente sin igual a nivel nacional, en seguimiento a la tendencia de la actual composición del Congreso oaxaqueño para impulsar legislación de avanzada y progresista en la entidad (https://bit.ly/30CGvUI), vocación que no carecerá de detractores.

En este caso, agrupaciones empresariales y pequeños comerciantes se pronunciaron rotundamente contra la aprobación de la reforma. A decir de representantes de la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial la medida dañará la economía de los pequeños comerciantes al tiempo de referir que se extralimitaron las atribuciones del Congreso local al invadir competencias reservadas para federación (https://bit.ly/33IuKOu; https://bit.ly/30E0sKJ), en tanto, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes señaló que la adición a la Ley “nació muerta”, en razón de la imposibilidad práctica de llevarla a cabo y verificar su cumplimiento (https://bit.ly/2DJ6Ebu).

Si bien, con certeza la aprobación de la norma será combatida desde el ámbito jurisdiccional, se sostenga o no, la prohibición impulsada por la legislatura estatal se sostiene desde el punto de vista técnico.

Algunos de los opositores a la nueva norma señalan que en la adquisición y consumo de la comúnmente denominada comida chatarra se debe privilegiar un enfoque de libertades y decisión individual. El problema con este argumento reside en que, como en tantas otras materias, los niños, niñas y adolescentes no cuentan con las características de madurez biológica y psicológica para ejercer sin restricción ese cúmulo de libertades y la tutela del estado, a través de la norma y el establecimiento de sistemas de tutela y patria potestad, son necesarios para la salvaguarda de integridad física y su adecuado desarrollo (https://bit.ly/2XGiXwm).

Y, aunque nos encontremos con que el consumo de alimentos altamente calóricos y ultraprocesados es una parte de lo cotidiano, sus efectos pueden asemejarse a aquellos de las sustancias controladas adictivas, como diversas investigaciones lo han demostrado, y como lo reconoce el Gobierno de México (https://bit.ly/2CbioTR), representando un latente riesgo a la salud de las infancias y, además, de las generaciones de adultos que en un futuro verán las consecuencias de tales hábitos alimenticios en su bienestar físico, impactando inevitablemente la salud pública del país.

No hay duda, que esta norma será de difícil seguimiento e implementación, pero al menos ha puesto en la mesa las implicaciones del consumo de alimentación no saludable en la niñez, en el país que ha sido denunciada como emergencia la prevalencia de obesidad infantil, al posicionarse como número uno en el mundo (https://bit.ly/3a8bJ9h).

Esperemos que esta norma prospere, porque si bien no resuelve las problemáticas que subyacen en la persistencia de obesidad entre los mexicanos, sienta las bases para repensar las medidas y estrategias que permitan que las mexicanas y mexicanos del futuro gocen de mayor salud y tengan una mayor calidad de vida.

@GalateaSwanson