A medida que se conocen presuntos actos de corrupción en la obra pública ejecutada en la administración pasada, es necesario insistir en la transparencia de cada una de ellas para evitar que se vuelvan a repetir tales excesos. Debido a que no hubo claridad en la aplicación de los recursos en el gobierno estatal anterior, hoy son escandalosos los casos de anomalías e irregularidades en muchos de los proyectos presentados como concluidos pero que en realidad están sin terminar.
Desde hace tiempo ha sido evidente la proclividad de beneficiar a empresas foráneas, a quienes otorgaron contratos multimillonarios y les permitieron cobrar sin ejecutar las obras. Además de abusar de las figuras como “adjudicación directa o invitación restringida”. Por ello se ha exhortado a que en los procesos de contratación de obra pública, sea por adjudicación directa, invitación restringida o licitación pública, se dé preferencia a empresas constructoras oaxaqueñas.
Es indudable que nuestro estado necesita implementar mecanismos que permitan vigilar el ciclo de vida de una obra y exigir rendición de cuentas ante irregularidades. Tras la amarga lección de sexenios pasados donde no ha existido claridad en la asignación de obra pública por parte de la Secretaría de las Infraestructuras (Sinfra), es necesario que en la actual administración haya claridad y transparencia sobre las formas de contratación y desterrar los vicios que hoy padecemos.
Se necesita vigilar todo el ciclo de vida de una obra, desde el momento en que se proyecta o anuncia hasta que comienza a operar. Con base en ese enfoque, se desarrollan otros aspectos sobre lo que se debe tomar en cuenta. Se debe corregir todo lo deficiente y contar con planes de desarrollo y políticas públicas que de verdad cumplan con las necesidades de una localidad e independientemente del gobierno en turno.
Seguridad pública
Diversas voces se han alzado para demandar al Gobierno Federal su respaldo para garantizar la paz y seguridad que se requiere y que este clima de violencia no se generalice a diario, porque la vida cotidiana de miles de personas se está viendo afectada.
Tras la llegada de la nueva administración federal se han signado acuerdos para mantener la paz y estabilidad social de la ciudadanía, y dar seguimiento a proyectos en materia de gobernabilidad que permitan al estado avanzar en su progreso económico y desarrollo social. A partir del diálogo como pilar fundamental para la construcción de la estabilidad social, se pretende garantiza el bienestar de las personas en la resolución de conflictos a través de políticas públicas que se centran en la reconstrucción del tejido y la cohesión social.
Los oaxaqueños demandan seguridad física y patrimonial, tanto para la vida diaria porque todos salen a trabajar, tienen hijos en la escuela y quieren un ambiente sano lejos de la violencia, como por ser un elemento indispensable para alcanzar el progreso y desarrollo.
Un elemento crucial para que las estrategias de reducción de la violencia funcionen es la política. Ahí se genera el liderazgo, la voluntad y el compromiso para reducir la violencia de manera sostenible. Las autoridades necesitan involucrarse no solo en el proceso de toma de decisiones, sino también en el seguimiento a las acciones realizadas y, de ser posible, en el proceso de implementación de las políticas públicas.
Actualmente no se puede entender la gestión pública sin la participación de la sociedad civil, que impulse y alimente la cultura de la legalidad como la vía para frenar la violencia, la inseguridad, la impunidad y la corrupción en México. Si bien los gobernados debemos cumplir la ley por convencimiento, la autoridad está emplazada a que con sus acciones ponga el ejemplo.
