El robo de combustibles, conocido popularmente como huachicol, es una problemática que ha golpeado diversas regiones de México, y aunque los estados del centro y norte del país han concentrado la atención mediática, Oaxaca no ha sido ajena a esta actividad ilícita.
En los últimos años, el estado ha experimentado un incremento preocupante en el número de tomas clandestinas, especialmente en zonas del Istmo de Tehuantepec, donde atraviesan importantes ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).
El huachicol en Oaxaca no solo representa pérdidas millonarias para el Estado, sino también un riesgo directo para las comunidades. Las tomas clandestinas, muchas veces operadas sin conocimiento técnico, han causado fugas, incendios y explosiones que ponen en peligro vidas humanas y el medio ambiente. Además, detrás de estas actividades suele haber redes criminales que se benefician de la corrupción y de la falta de vigilancia en regiones remotas.
En municipios como Matías Romero, Salina Cruz y Juchitán, se han detectado células dedicadas al robo y distribución de combustibles. La falta de oportunidades económicas en estas zonas es uno de los factores que facilitan la captación de jóvenes por parte de estas redes ilegales. A esto se suma la debilidad institucional y la limitada presencia de fuerzas de seguridad federales en ciertas regiones.
A pesar de los operativos implementados por el gobierno federal para combatir el huachicol a nivel nacional, el problema persiste en Oaxaca. Es fundamental fortalecer la inteligencia y la cooperación entre autoridades estatales y federales, así como invertir en desarrollo social para ofrecer alternativas reales a la población vulnerable.
El combate al huachicol en Oaxaca debe ir más allá de los operativos militares: requiere voluntad política, justicia social y una estrategia integral que combata las raíces del problema. Solo así se podrá garantizar la seguridad de las comunidades y proteger los recursos nacionales.
