Durante la semana, el presidente se reunió con su gabinete donde tocó nuevamente el tema de la “pobreza franciscana”. Sin embargo, el pregonado discurso de la austeridad en este gobierno se diluye por los escándalos sobre la forma de vida de algunos integrantes de la familia del presidente. Está el caso de la llamada “casa gris” de acuerdo a la investigación de Latinus y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), y documentada en el libro de Raúl Olmos.
El pasado lunes, en la mañanera, el presidente y Profeco dieron a conocer los 11 funcionarios que no cumplen con la ley de remuneraciones al ganar más que el presidente, aunque hay cinco que están amparados contra la medida. Se hace alarde de un sueldo que dista mucho de ser el real considerando el costo de los servicios con que cuenta la familia presidencial. El costo de vivir en palacio nacional, así como los servicios de agua, luz, teléfono, gas, transporte, alimentación, mantenimiento y otros, que no son pagados por su bolsillo y deben contabilizarse como parte del sueldo presidencial. El sueldo nominal de 136 mil 700 pesos al mes queda prácticamente libre.
Por otro lado, los partidos de oposición criticaron las medidas de “pobreza franciscana” que anunció el presidente para los siguientes dos años y lo convocaron a frenar el gasto excesivo que registra el Tren Maya cuya obra aumentó su costo original en más del 172 por ciento, al pasar de 150 mil millones de pesos, en 2018, a casi 409 mil millones de pesos, en este 2022.
La refinería de Dos Bocas registró un sobre costo de 50% al pasar de 8 mil millones de dólares a 12 mil millones de dólares.
El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) se planteó inicialmente con un presupuesto de 80 mil millones de pesos pero de acuerdo con datos oficiales, se ejercieron 104,531 millones de pesos en su construcción sin contar lo del 2022, es decir, un sobre costo de al menos el 30%
Estas obras faraónicas, además de ser costosas, no son necesarias y representan una fuente de corrupción. Mientras, las verdaderas necesidades del pueblo como son salud, seguridad y economía no están siendo atendidas. El gobierno federal pretende que a través de sus programas sociales las familias cubran estas necesidades; sin embargo, este recurso no alcanza, mucho menos con la creciente inflación.
Para poder reanudar obras en el Tramo 5, actualmente suspendido por orden de un juez, el gobierno federal determinó, en sesión del Consejo de Seguridad, que el Tren Maya es una obra de seguridad nacional.
Lo anterior resulta preocupante, ya que considerar obras públicas como seguridad nacional, así como desmontar el sistema “Compranet” en momentos en los que se realizan las adquisiciones del Tren Maya y otras, sumado a otros elementos que tienden a reducir la transparencia gubernamental, revelan la clara intención de ocultar costos, nombre de proveedores, y otros datos de interés público.
Existe una correlación directa entre la opacidad y falta de transparencia con el aumento de corrupción. A mayor opacidad, mayor corrupción.
El pasado 28 de julio el Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó su informe anual sobre el estatus del clima de inversiones a nivel mundial (2022 Investment Climate Statements). Respecto a México se señala que el gobierno ha clasificado a proyectos importantes como de “seguridad nacional”, a fin de iniciar obras públicas sin estudios de impacto ambiental, lo que genera “preocupaciones sobre el compromiso de la actual administración de López Obrador con la transparencia”
El análisis también critica los embates del mandatario contra la Comisión Federal de Competencia (COFECE), un órgano regulador autónomo.
“En septiembre de 2021, la comisionada de la COFECE, la presidenta Alejandra Palacios, renunció luego de varios meses de desacuerdos públicos con la política energética estatista del presidente López Obrador. López Obrador no ha nombrado sustitutos para los Comisionados de la COFECE desde noviembre de 2020, dejando a la institución sin quórum para resoluciones relacionadas con barreras a la competencia o emisión de disposiciones reglamentarias”.
El gobierno dice combatir la corrupción, sin embargo, los hechos demuestran lo contrario. Lejos de combatirla actualmente la corrupción se oculta, se tolera y se fomenta, aunque el discurso sea otro.
