Fortalecer derechos
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Opinión

Editorial

Fortalecer derechos

 


Urgen esfuerzos para fortalecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes, establecer sistemas que permitan una medición y monitoreo periódico de los avances realizados en materia de derechos de la niñez, y destinar los recursos humanos y financieros necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento de los sistemas en el estado.

Otorgar un rol más protagónico a la voz y a las opiniones de los propios niños, niñas y adolescentes, empoderándoles en el conocimiento de sus derechos, en la identificación de situaciones de riesgo y vulneradoras de sus derechos, así como en fortalecer su participación en la búsqueda de soluciones y en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas destinadas a todos ellos.

La legislación reconoce los derechos para toda la niñez, es habitual que el funcionamiento de los servicios y los programas se centren de modo principal o exclusivo a atender a niños, niñas y adolescentes que ya han visto sus derechos vulnerados o están en una situación de riesgo. Por ello se debe buscar elevar los niveles de bienestar social de la población, particularmente de los grupos vulnerables del estado.

Asimismo, se impulsan y promueven las políticas públicas específicas para la promoción y protección de los derechos de las infancias y adolescencias, además de compartir información que ayude a abrir la puerta a otros proyectos y estrategias que abonan a una mejor calidad de vida para estos grupos de la población.

Es necesario que los planes incluyan objetivos concretos y asequibles en relación con los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales para todos los niños, niñas y adolescentes, prevean indicadores que permitan el seguimiento de su cumplimiento, así como estrategias y plazos temporales realistas para su consecución.

 

 

Desterrar opacidad

Pasa el tiempo y un gran pendiente de los diputados de la LXV Legislatura local es recortar todos los privilegios que actualmente tienen en el Poder Legislativo, excesos que no se deben tolerar ni permitir en un estado tan lleno de carencias y necesidades, donde a la fortuna de unos cuantos se asoma la pobreza de miles de oaxaqueños que exigen pasar de las buenas intenciones a los hechos.

Los actuales diputados cuentan con dietas, recursos para gestión legislativa, pago de asesores y de publicidad, entre otros. Cantidades de dinero que los hacen unos privilegiados, pues además de no rendir cuentas y mantener en absoluta opacidad todos sus actos, siguen actuando de manera discrecional.

Desde hace mucho los oaxaqueños han expresado de muy diversas formas conocer el destino de los recursos económicos públicos. Además de buscar reformar las leyes necesarias para reducir el presupuesto, es decir, ser congruentes con la política de austeridad que impulsa el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

En México hay mil 124 diputados locales que tienen como función defender el interés público. A pesar de su importancia, pocas veces son estudiados, monitoreados, llamados a rendir cuentas y a mejorar su desempeño. Y en el caso de Oaxaca, al solicitar información sobre la distribución del dinero que le es ministrado, el Poder Legislativo no responde a los cuestionamientos sobre cuánto reciben los legisladores por concepto de aguinaldo, bonos y primas.

Tampoco se conoce la remuneración bruta de cada diputado, el concepto de remuneraciones, la remuneración neta mensual, concepto de remuneraciones, remuneraciones del personal transitorio, pago de combustible, comunicación social, traslado y viáticos y servicios oficiales. La opacidad en su esplendor. Sin duda es una elite dorada en un pueblo pobre.

En teoría, los congresos locales deberían contener el ejercicio del poder de los ejecutivos, buscando el equilibrio del ejercicio del poder y promoviendo iniciativas de ley que contribuyan a la convivencia ordenada entre gobierno y gobernados, sin embargo, en la práctica, esto no ocurre. Por el contrario, son omisos para publicar su información presupuestal conforme a la normativa e informar a la población sobre el uso que les brinden a sus recursos.