Protección de Patrimonio

Como si fuera producto de un mal fario o depositario de las frustraciones más viles, nuestros monumentos coloniales y de siglos como el XVIII y XIX, siguen en la mira del afán de destrucción de vándalos, maestros, normalistas, feministas y de quienes buscan notoriedad ante las autoridades. Pero, ¿cuál es la causa de que a menudo las viejas canteras de la Catedral Metropolitana o de los templos de San Agustín o la Preciosa Sangre de Cristo, sean como lienzos para plasmar consignas de toda laya? ¿Por qué se sigue permitiendo que esos monumentos históricos sigan siendo dañados con toda impunidad, provocándoles a veces afectaciones irreversibles que ni con toda la tecnología moderna para limpiar el daño, éste siga plasmado en esas viejas rocas que han visto siglos de historia? La razón es simple. Por la apatía de las autoridades y por la falta de un marco jurídico que proteja ese patrimonio.

La salvaguarda de nuestra riqueza monumental de la capital oaxaqueña, tan soslayada en los últimos tiempos, es una vieja petición y exigencia. Según nuestras fuentes, desde 1942 el Congreso del Estado decretó la “Ley sobre protección de monumentos coloniales, artísticos e históricos y poblaciones típicas del estado”. El Centro Histórico fue declarado zona de monumentos por Decreto Presidencial del 20 de marzo de 1976. Posteriormente se estableció el Consejo del Centro Histórico, desaparecido hace mucho. En 1987, el Comité para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, órgano de composición restringida de la UNESCO, emitió la declaratoria sobre la ciudad de Oaxaca, la Zona Arqueológica de Monte Albán y el Conjunto Conventual Dominico de Cuilapan de Guerrero, como “Patrimonio Cultural de la Humanidad”.

Pese a todo lo anterior, existe una tendencia en el gobierno estatal y municipal, además del Congreso del Estado, en hacerse omisos ante la paulatina destrucción de esa riqueza que nos fue legada por nuestros ancestros. La semana pasada un grupo de vándalos disfrazados de normalistas, como si quisieran revivir los aciagos días de 2006, quemaron llantas frente al Palacio de Gobierno y pintarrajearon con consignas sus paredes y muros. Nadie, absolutamente nadie los paró. Como si estos aprendices de delincuentes estuvieran protegidos por una coraza de impunidad. Aquí se impone la urgencia de que quienes despachan como diputados (as) y obtienen una generosa dieta mensual, aprueben leyes y reglamentos para sancionar a quien ocasione daño al citado patrimonio monumental.

Rescate de ríos, una prioridad

Según lo ha reconocido el gobierno estatal, el rescate de los ríos Atoyac y Salado es una prioridad de esta administración. De hecho, gobiernos han ido y venido y nuestros principales afluentes de los Valles Centrales han ido en franco deterioro en las dos últimas décadas, sin que los organismos que dicen proteger el medio ambiente, tanto federales, como estatales y municipales, no pasen de simples declaraciones y buenos propósitos. Es más, ha trascendido que ha habido autorizaciones millonarias para el saneamiento de ambos ríos sin que se sepa el destino de los mismos. En el pasado régimen, no es un secreto, sólo se dieron pequeñas soluciones a un gravísimo problema, como es la descarga de aguas residuales, grises y negras a los referidos afluentes. Es más, un grupo de abogados conocido como “Litigio Estratégico” obtuvo un amparo para exigir al gobierno municipal evitar el daño ecológico que han padecido.

Para ver la prioridad que ha anticipado el gobernador Salomón Jara al respecto, habrá que analizar si el rescate de los citados afluentes figura en el Plan Estatal de Desarrollo, 2023-2028, que se prepara luego de diversos foros regionales. Sin embargo, es relevante subrayar que, si bien el fenómeno se ha visto con mayor preocupación en los ríos que circundan la capital oaxaqueña, el problema también existe en otras partes del estado. Por ejemplo, cuando hemos tenido que enfrentar huracanes y tormentas tropicales en algunas regiones como en el Istmo, sale a flote a podredumbre que ha afectado a los ríos de Los Perros y el Tehuantepec. Por su parte, tampoco el Papaloapan, en lo que le corresponde al territorio estatal, se ha librado de la polución y mortandad de peces, debido a los notables niveles de contaminantes en sus corrientes.

Hay pues un gran trabajo que tienen que hacer al respecto las áreas competentes tanto a nivel federal como estatal. Que no se siga escuchando el mismo discurso que al paso del período sexenal se va diluyendo en proyectos y promesas frustradas, ante una sociedad desencantada que sigue viendo la misma película: no más que promesas incumplidas y buenos deseos. Nuestros ríos y afluentes, principalmente los que mencionamos al principio requieren de una cirugía mayor. Se sabe que recursos tanto federales como estatales lo ha habido, sólo que los malos proyectos y los malos funcionarios han dado al traste con los mismos.