No más impunidad

Desde hace al menos dos semanas un grupo de pseudo estudiantes de la Coordinadora Estatal de Normalistas del Estado de Oaxaca (CENEO), montaron un plantón en las calles de Armenta y López, impidiendo el paso no sólo en la misma, sino en otras calles importantes como es Hidalgo y Guerrero. Las exigencias que lo motivan son ya de todos conocidas: exigen plazas docentes en automático, es decir, sin examen de selección y cuya normatividad la dispone la Secretaría de Educación Pública (SEP), no la autoridad local, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO). Sin embargo, por esas situaciones tan propias de los gobiernos anteriores, sobre todo el de Alejandro Murat, se les dieron una y mil concesiones para paliar sus constantes movilizaciones y vandalismo. Pese a estar fuera de norma, se les negociaron prebendas y plazas para apaciguarlos. Esas concesiones se han reflejado hoy.

A todo lo anterior hay que agregar la ignorancia e incapacidad de los nuevos huéspedes y directivos del IEEPO, que han visto la protesta de los contados normalistas con apatía e irresponsabilidad. El nuevo titular de la citada institución ha estado más atareado en acomodar a toda la banda de malandrines que se trajo de su natal Juchitán de Zaragoza –hoy están todos enchufados en el gobierno estatal-, que en resolver los problemas que atañen a la citada dependencia. Parte de ello tiene que ver con la confusión que se da en el ámbito de competencias. Hay una titular de la Secretaría de Educación Pública estatal, la ex diputada federal y local, Delfina Guzmán Díaz y, por el otro lado, un titular del IEEPO, Emilio Montero Pérez. Si uno no atienda, debería ser la otra quien le quitara de encima los problemas al gobierno de Salomón Jara. Pero no. Cada quien está en lo suyo.

Lo que sigue lastimando al pueblo oaxaqueño son los actos de rapiña y robo de parte de los pseudo normalistas. De nueva cuenta han circulado videos y fotografías de camionetas y unidades comerciales secuestradas y saqueadas en los campos del Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca (CRENO), que funciona como una especie de la Cueva de Alí Babá. Pese a ello y a las denuncias ciudadanas al respecto, el gobierno estatal sigue permitiendo estos actos a todas luces fuera de la ley. Se está atentando en contra del derecho a la libre empresa y cometiendo un delito grave. Pero tal parece que hoy como ayer, estos vándalos siguen blindados.

Una alerta inexistente

Se sabe que al menos una veintena de municipios oaxaqueños, dentro de la atomizada nomenclatura del estado, se encuentran ubicados bajo el esquema de alerta por violencia de género. Desconocemos si las áreas respectivas en el delicado rubro, en el gabinete de Salomón Jara: la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, conozcan esta situación o apenas traten de empaparse del mismo. Y es que sigue siendo una afrenta a la sociedad oaxaqueña, que sólo en lo que va de esta administración se hayan cometido una treintena de feminicidios. El tema de la equidad de género, de que no se permitirá más violencia en contra de la mujer y que se castigará con todo el peso de la ley a los agresores, ya suena como un disco rayado en el discurso político, porque en los hechos seguimos igual o peor que en el pasado régimen.

Mucho se criticó al gobierno de Alejandro Murat el incremento en este tipo de delitos. Pero sólo fueron eso: críticas, sin que se instrumentaran estrategias viables para reducir las estadísticas al respecto. Una de las pruebas fehacientes de esa apatía o desinterés gubernamental, fueron las constantes marchas y protestas de grupos feministas y relacionados con la violencia hacia la mujer. De igual manera la forma tan burda en la que se ha castigado a algunos indiciados por intento de feminicidio. De la misma forma se han ignorado los reclamos de centenas de familias que han reportado la desaparición de sus hijas, sobre todo jóvenes. Ya es nota diaria la aparición de cadáveres de mujeres violentadas y sacrificadas por bandas comunes o delincuenciales. Pero luego de las denuncias, no pasa nada.

No es algo fortuito pues calificar a los nuevos titulares del área de seguridad como ignorantes o irresponsables para cumplir con los protocolos en los municipios que están catalogados por alerta de violencia de género. Ya no es noticia ni llama la atención, como en el régimen pasado, echar las campanas al vuelo para las estadísticas de operativos o aseguramientos; de campañas o volantas para prevenir la comisión de delitos. Lo que queremos escuchar es la instrumentación de una política de Estado para detener esta carrera criminal que ha tomado como víctimas a las mujeres. Es evidente que, a poco de que se cumplan tres meses de gobierno, todavía los responsables de las áreas andan tanteando o inventando qué hacer ante una realidad que cada día los rebasa más.