Veda a las inversiones

A lo largo de la historia contemporánea, Oaxaca ha sido un territorio vedado para las inversiones. Un factor importante es la inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra. En los años setenta, con el discurso de la reivindicación de los pobres e indígenas, la invasión de tierras fue el arma de falsos redentores sociales para mantener su clientela política. En el Istmo de Tehuantepec, fue la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo -la COCEI-. En Tuxtepec, fue la Unión General, Obrera, Campesina y Popular -la UGOCEP-. Los nuevos ricos fueron, precisamente, los dirigentes. La parálisis gubernamental o el temor de los gobernantes para salvaguardar la propiedad privada y aplicar la ley, ha dado pie a que dicha práctica siga impune. Más hoy, alentada desde el púlpito mañanero. Hay una tendencia nociva hacia el capital privado y las inversiones no sólo foráneas sino nacionales o estatales. Y no han faltado quienes se quieran montar en la misma. El mejor ejemplo, es la guerra desatada por supuestos defensores de la tierra, el territorio y la cultura indígenas, en contra de las empresas generadoras de energía eólica en el Istmo y los fundos mineros.

Y es esa falta de certidumbre en lo que se refiere a la propiedad de la tierra, lo que ha sido para Oaxaca, un factor de atraso. Ni comuneros ni ejidatarios pueden enajenar sus tierras. En los últimos años, el factor indígena ha sido otro de los peores obstáculos. Ello sin soslayar las famosas consultas comunitarias sobre el destino de aquello que llaman sus bienes. Sobre todo lo anterior, se han montado los movimientos anti minas, anti eólicos y los que hoy protestan -cual chantajistas y oportunistas- por el uso del agua que, dicen, es propiedad comunal. En Tamaulipas, Puebla y otros estados del país operan con mejor ambiente empresas generadoras de energía eólica y solar. Aquí no. Siempre habrá grupos u organizaciones, algunas financiadas con fuentes extranjeras, que se opondrán a todo.

El cierre de las instalaciones de la empresa Gugar, por parte de comuneros de Santa María Coyotepec, azuzados por conocidos falsos redentores de la lucha social, en momentos de transición gubernamental, se ha analizado en diversas vertientes: Por un lado, como una venganza política por el desprecio con el que han sido tratados por sus correligionarios que triunfaron en el pasado proceso electoral, los instigadores de este atentado contra la empresa refresquera. Como un intento perverso de ponerle piedritas en el camino al gobernador electo.

Urge capacitación y protocolos

El pasado 10 de septiembre se presentó un nuevo caso de muerte en una prisión local. Esto ocurrió en el municipio de Santa Catarina Juquila. Se trata del tercer caso en menos de un mes. Una persona del sexo masculino fue detenida luego de escandalizar en la vía pública en un baile popular, por lo cual fue remitido al juez municipal y detenida en los separos. Se trató de una falta administrativa que no tenía mayor problema. No obstante, poco después apareció muerto, sin motivo aparente alguno. La Fiscalía General del Estado (FGEO) inició de inmediato las investigaciones sobre el caso, para esclarecer este deceso y deslindar responsabilidades. Obviamente, el asunto derivó en una serie de contradicciones y claroscuros, que en nada contribuyen a esclarecer una muerte.

Como ya mencionamos, se trata del caso número 3 que ocurre en los últimos días. Primero fue el de la joven madre de familia, Abigail Hay Urrutia en los separos policiales de Salina Cruz y de cuya muerte hay tres personas vinculadas a proceso y, aunque el delito no se tipificó como feminicidio, aún hay cabos sueltos que, seguramente las autoridades habrán de esclarecer. Se trató de un hecho que atrajo la atención de medios nacionales, precisamente por la forma en la que la víctima fue detenida y llevada a prisión. Después se dio otro caso. El de un migrante guatemalteco que fue detenido por la policía municipal de Santa María Huatulco y apareció muerto en su celda. De este caso poco se ha dicho, salvo datos y comentarios manejados en redes sociales o en notas periodísticas.

Lo que llama la atención es que los tres casos se han dado en municipios de cierta importancia y no en comunidades con el mismo estatus, alejadas de los centros urbanos o, por decirlo de manera menos coloquial, en poblaciones remotas y pobres. También hay que mencionar la omisión de los órdenes de gobierno, federal y estatal, omisos ante estos casos tan lamentables. Y es que lo que se ha soslayado en la urgente capacitación a las corporaciones policiales locales, en situaciones como el manejo racional de la fuerza y los derechos humanos, así como en los rudimentos constitucionales, para evitar abusos. En Oaxaca existe no sólo la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), sino decenas de organismos civiles que pueden realizar las visitas necesarias para constatar en qué condiciones operan los separos policiales en los municipios. Pero urge tomar acciones al respecto.