Urge capacitación policial

Las experiencias vividas en los últimos días, hace pensar que los separos policiales en algunos municipios de Oaxaca se han convertido en pabellones mortales. El asunto no es nada nuevo. Tanto en los ayuntamientos que se rigen por el sistema de partidos políticos como en los de sistemas normativos internos, antes llamados de usos y costumbres, los abusos están a la orden del día. Los ediles se asumen caciques de horca y cuchillo y sus brazos ejecutores son, precisamente, las policías municipales. Lo ocurrido en Salina Cruz hace unos días, con la lamentable muerte de una joven madre de familia o en el caso de Santa María Huatulco, donde un migrante guatemalteco murió en la cárcel municipal, obliga a una revisión de los protocolos, la vigencia de los derechos humanos y la prisión preventiva, pero, particularmente, la capacitación de las corporaciones locales.

Los topiles o policía comunitaria, no reciben capacitación policial, mucho menos, instrucción mínima sobre leyes, reglamentos o protocolos. Es decir, lo mismo encierran en la cárcel municipal a mujeres con sus hijos menores de edad que hasta animales, porque causaron daño en los terrenos de cultivo de alguno de los vecinos. Igual dejan días, semanas o meses a quienes son detenidos, sin remitirlos al Ministerio Público o al juez, en celdas húmedas y malolientes, sin cubrir los mínimos protocolos de aquellos que son privados de su libertad. Por ello, en nuestra entidad hay todo un historial de personas que han recurrido al suicidio o, en la mayoría de los casos escandalizan y son golpeados para someterlos, aunque luego digan que “se les pasó la mano”. Sin hacer prejuicios de ninguna especie, esos abusos ya no deben seguir dándose, como si fuéramos pueblo sin ley.

El caso de Abigail en Salina Cruz y el de Jaime en Huatulco, como el de muchos más que han muerto en medio de sospechas de presuntos abusos, complicidad de las autoridades o falta de capacitación de quienes dicen cuidar el orden público, debe obligar a los tres poderes del Estado, pero particularmente a los organismos gubernamentales y no gubernamentales que dicen salvaguardar los derechos humanos, que aquí abundan, a realizar las recomendaciones o denuncias pertinentes. No está por demás una revisión de las cárceles municipales, igual que en agencias y comunidades. Tampoco echar en saco roto la intervención legislativa en puntos de acuerdo para mejorar las condiciones en que operan.

El chantaje a todo vapor

En tres meses la actual administración concluirá su ciclo. No es fortuito que en los últimos días hayan arreciado las descalificaciones, la crítica y la presión de ciertas organizaciones sociales que instrumentan una y mil acciones de chantaje para lograr lo que todo mundo sabe que buscan: recursos frescos que se les han otorgado a sus dirigentes sin restricción alguna. Es decir, a fondo perdido. Sin transparentar su uso. Esa historia viene de antaño. Y se ha convertido en una industria: la del chantaje. Golpean, cierran carreteras, bloquean vialidades y toman como rehén a la ciudadanía para que el gobierno les ofrezca en bandeja de plata los anhelados recursos millonarios. La pregunta que siempre nos hemos hecho es: ¿a cargo de qué? ¿Con qué argumentos exigen sin tener ninguna representación oficial o de elección popular? Pero todos le entran al negocio.

Diputados federales, locales y cualquier hijo de vecino inventa membretes, para obtener dinero, obras, concesiones y demás. Amenaza, despotrica y deja escurrir en redes sociales supuestos bloqueos carreteros para crear psicosis colectiva. Y ello lo hacen con absoluta impunidad. La semana anterior fue un festín de abusos y atropellos. Bloqueos por doquier, todo con un objetivo: sacar dinero. El presidente López Obrador ha dado una lección que ojalá se imite en los estados del país: los apoyos se habrán de otorgar de manera directa a los beneficiarios. Un rotundo no a los intermediarios.

La preocupación ciudadana es que si el gobernador electo, Salomón Jara, proviene de la llamada “lucha social”, ¿cuál será el tratamiento que dará su administración a ese directorio cada vez más numeroso de organizaciones y grupos? Porque de una cosa estamos ciertos. Si en verdad se quiere acotar su voracidad, hay que irles limitando los recursos que los mismos diputados validan al aprobar el Presupuesto anual. El hoyo financiero que generan con sus exigencias millonarias no se justifica. El pueblo oaxaqueño tiene grandes carencias; hay un notable rezago en el medio rural, en donde se requieren con urgencia dichos recursos públicos. No es lo mismo entregarlos a municipios, agencias, comunidades o núcleos rurales, que darlos así, en bandeja de plata, a dirigentes sin escrúpulos y falsos redentores sociales, muchos de ellos que viven como virreyes, rodeados de lujos y excesos.