Castigar abusos

La semana pasada despertó una gran indignación, un video en el que se escuchan gritos de mujeres, mientras sujetos obligaban a otras personas a meterse a la fuerza en un vehículo. Se trataba de la detención arbitraria del presidente municipal de la comunidad de San Martín Peras y su familia, por parte de un grupo de sujetos, cuyo líder está identificado, generando pavor en hijas o esposa del aludido, que gritan al ser sometidas con violencia. La víctima estuvo privada de la libertad sin que autoridad alguna exigiera o detuviera a los agresores, porque una cosa es que lo hayan retenido como autoridad o lo que fuera, pero otra, muy diferente, es a su familia y vulnerar los derechos de mujeres o niñas. Bueno, pues los mismos agresores, secuestraron el pasado martes a trabajadores (as) del Congreso del Estado, luego de cerrar con cadenas y candados las entradas.

El martes 25 de enero, circularon fotos del edil retenido, durmiendo en el suelo y tras las rejas, luego de nueve días de permanecer retenido. Trascendió que pediría el Congreso del Estado su dimisión. Ahí en el edificio del Congreso sus paisanos le pusieron una soga en el cuello. ¿En realidad el presidente municipal electo lo haría por voluntad propia o en virtud de la situación de violencia a que se vio sometido él y su familia? Las presidencias municipales, aún de comunidades remotas y empobrecidas, están bajo la mira del narcotráfico y de los cárteles de la droga. El exceso de violencia cometido en contra de la víctima infiere que hay intereses no precisamente sanos, que buscan hacerlo a un lado del mando municipal. Y ello es lo que deben investigar las autoridades ministeriales y los órganos que procuran justicia. La LXV Legislatura del Estado no debe prestarse a este tipo de maniobras que ponen en tela de juicio no sólo el Estado de Derecho, sino la vigencia de las garantías individuales.

En nuestro clima de libertades no existe justificación para retener en contra de su voluntad a alguien, salvo que exista mandato judicial, más aún si tiene alguna representación popular, como es el caso de un presidente municipal, sea que haya sido electo por sistema normativos internos o por partidos políticos. Menos existe justificación si junto con él, se vulneran las garantías individuales de mujeres o niños (as). Todo ello debe ponerse a la vista de las instancias de justicia y castigar a los responsables. Aquí no hay argumento que valga, ni filias ni fobias políticas. Debe ser el ejercicio simple y llano de la ley.

Campañas y delincuencia

No es sorpresa, ni nadie puede llamarse sorprendido cuando alguien ha dicho que la próxima campaña a la gubernatura podría ser llamada la guerra de los cárteles. Hemos iniciado el 2022, con la cifra nada agradable de al menos 35 homicidios en las dos primeras semanas de enero, incluyendo, obviamente, siete feminicidios. Estamos ya en los primeros días de febrero y tal parece que las cosas en materia de seguridad no mejoran, sólo, tal vez, en los discursos oficiales en donde se repite que somos de las entidades más seguras de México. Una de las zonas en donde más homicidios dolosos se han cometido es la de Matías Romero y pueblos vecinos: Santa María y Santo Domingo Petapa; el Barrio de La Soledad y comunidades cercanas. Todas ellas se encuentran, justamente, en la franja por donde habrá de transitar el llamado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

No han estado errados algunos columnistas de Reforma y El Financiero, quienes hace algunas semanas revelaron pelos y señales de cómo operan los cárteles de la droga en la especulación de los materiales pétreos para el ferrocarril que se pretende reactivar. Todo ello lo ha reconocido el mismo gobierno federal que, inclusive, lo ha difundido en boletines de prensa. Es más, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha comentado en sus tradicionales mañaneras, en las que ha señalado con índice flamígero a los “sindicatos mafiosos”, que han pretendido apropiarse del proyecto presidencial, operando para cárteles criminales. Sin señalar nombres, no son pocos los oaxaqueños que advierten pues, en las próximas campañas –precisamente por los actores- que sería una campaña permeada por los grupos delincuenciales. Ojalá que no sea así.

Desde el punto de vista que quiera verse, se trata de algo delicado y muy grave para el estado, porque aunque lo nieguen una y otra vez las autoridades, Oaxaca se encamina a pasos agigantados a ser como otras entidades en donde sólo existe la ley de los grupos criminales, como Zacatecas, Guanajuato, Guerrero o Michoacán. Esperamos que ello no ocurra porque, además, estamos convencidos de que la errática política de “abrazos no balazos”, nos ponen cada vez más en indefensión ante el crimen organizado y el narcotráfico. Como observadores de primera fila, los representantes de los medios de comunicación serán testigos de lo que ya se anticipa como una lucha sin cuartel, entre grupos delictivos.