Falta por hacer
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Editorial

Falta por hacer

 


El pasado 15 de noviembre, el ejecutivo estatal rindió su Quinto Informe de Gobierno. Estamos ya pues, en la recta final del actual régimen. Sin ánimo pesimista, lo que no se hizo en cinco años difícilmente se logrará en uno. Ello sin tomar en cuenta de que no hay a la fecha, una obra emblemática que sea la insignia de este gobierno. Es cierto, el camino no ha sido llano, sino que ha estado permeado por la tragedia, los siniestros y un mal fario. Sin hacer comparaciones ociosas, al gobierno de Diódoro Carrasco se le debe la terminación de la súper carretera Oaxaca-Cuacnopalan; al de José Murat, las universidades regionales y los accesos de cuatro carriles a la capital oaxaqueña. Al de Ulises Ruiz le tocó el adoquinado del Centro Histórico y el embellecimiento de la ciudad, además de los cuatro carriles en el Cerro de “El Fortín”, mientras que al de Gabino Cué, se le reconoce como una de sus obras más relevantes, el puente y paso a desnivel de “Cinco Señores”.

Es cierto, la mayoría de los citados ex gobernadores no padecieron como éste, el duro revés de las sequías, ciclones y sismos como los del 2017; la reconstrucción de 2018; nuevos sismos en 2019 y 2020 o la pandemia que nos ha fustigado y diezmado por cerca de 20 meses. Una de las únicas obras trascendentes en el actual régimen es la construcción del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca, planeado y presupuestado desde el gobierno de Cué Monteagudo. El actual régimen ha ido arrastrando lastres terribles como el boquete financiero en el sector salud, imposible de liquidar en el corto plazo y también, obras aplazadas, algunas por el limitado apoyo de la Federación y las promesas incumplidas, como son las carreteras a la Costa y al Istmo. Las que están en ruta, como el proyecto de Símbolos Patrios, bajo fuego de supuestos grupos ambientalistas. Otras más, como el Libramiento Sur, que seguirán como un anhelo insatisfecho.

Sólo queda pues el 2022 que, por si todo lo anterior no fuera suficiente, será año electoral, de una efervescencia política inédita. De muchos aspirantes y encuestas ficticias; de vaticinios y promesas. El trillado discurso de cada proceso de sucesión. Ese lastre de nuestro sistema político, ni bien se cierra un capítulo y se abre otro. Muchos tratan de descubrir el hilo negro de la pobreza, la marginación, los grupos indígenas y otros rubros. Pero, en los hechos, seguimos a la zaga del desarrollo nacional.

 

Territorio en el olvido

 

La semana pasada se dio un hecho ya calificado como histórico. Al menos 10 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, validaron la sentencia para que les sean restituidas a Oaxaca, cerca de 160 mil hectáreas que pertenecen a los indígenas zoques de Santa María y San Miguel Chimalapas. Las mismas fueron apropiadas de manera ilegal por gobierno y comuneros del estado de Chiapas, que hasta crearon ahí un municipio: el de Belisario Domínguez. La zona de Chimalapas ha sido un gran atractivo para ganaderos, tala montes, aventureros y hasta delincuentes. Desde 1950 se asentaron ahí los aserraderos de los hermanos Sánchez Monroy, originarios de Michoacán, que devastaron por completo bosques de maderas tropicales. Más tarde, dicha zona fue vista como una rica veta para la explotación agrícola y ganadera. Hasta políticos chiapanecos explotaron para sí, grandes predios.

Durante mucho tiempo los pueblos zoques reclamaron su propiedad. Incluso -se sabe- exhibieron títulos de propiedad que datan del Siglo XVI. Autoridades comunales afirmaron haberle comprado a la Corona Española dichos predios. En su momento los alegatos fueron desoídos. Se le restaba méritos a la defensa que hacían estos pueblos originarios. Hasta que el gobierno estatal, que siempre mantuvo el tema en el olvido, envió al máximo tribunal del país, la controversia constitucional 121/2012. Durante las últimas décadas, la invasión silenciosa de dicha franja de tierra trastocó la seguridad y la paz social. La violencia ha dejado un lastre de sangre y dolor. Sobre todo, la terquedad de quienes, a sabiendas de la ilegalidad en la que estuvieron, hizo que en territorio oaxaqueño se llevaran a cabo actos de gobierno, del vecino estado de Chiapas. Se violentaron los límites de una entidad que los tenía bien establecidos, cuando su vecino, apenas se integraba a la Nación Mexicana.

Matías Romero, el gran diplomático oaxaqueño, fue también historiador acucioso. En su obra: “Historia de la anexión a México de Chiapas y Soconusco”, publicada en el último tercio del Siglo XIX, dejó en claro que Oaxaca estaba ya constituido como estado soberano, cuando Chiapas apenas promovía su independencia de Guatemala. Pero bien. Ahora sólo falta que se restablezca la paz; que se superen las diferencias, entre oaxaqueños y chiapanecos y que, los hermanos zoques, que tanto lucharon por recuperar su territorio, no sigan en el olvido, como lo han estado durante décadas. Eso sí, sería un atentado de lesa humanidad.