Justicia en entredicho

Cuando le hacían falta por lo menos cinco años para concluir su período para el cual fue designado, el ex Fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez renunció al cargo, sin un motivo aparente que lo obligaran a este hecho, salvo algo que la sociedad oaxaqueña ignora pero que la suspicacia de los medios podrá desentrañar. En efecto, el pasado 5 de marzo, de manera sorpresiva e inexplicable, presentó su renuncia. Hay que recordar que desde hace un par de años, el aludido fue designado y ratificado por el Congreso del Estado, habida cuenta de que el órgano de procuración de justicia ya no depende del ejecutivo estatal, sino que es un órgano autónomo, que no debe obedecer consignas sino actuar y operar conforme lo dispone la ley. Se presume pues que, independientemente de que sea el ejecutivo quien lo proponga, es un ente con cierta independencia relativa que no dependencia.

A los pocos meses, se llevaron a cabo operativos que resultaron en la aprehensión de un presidente municipal de la zona de la Cuenca del Papaloapan, en cuyo domicilio encontraron un arsenal, además de indicios que apuntaban hacia la posible desaparición de varias personas. La detención del edil, militante del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), generó una ola de protestas, ataques sistemáticos y descalificación por parte del senador Salomón Jara Cruz y diputados locales de dicho partido que, en ese momento, amenazaron con quitarlo del cargo. Y lo tuvieron en la mira, siempre con el propósito de tener en el puesto a un fiscal “carnal” y afín a sus intereses facciosos y de liga con grupos delictivos. Vasconcelos siguió golpeando a los mismos y sacando a las ratas de su madriguera, pese a los cuestionamientos de Jara y secuaces.

Sin embargo, luego de la citada renuncia se mencionan algunos posibles aspirantes que, en muchos sentidos, no tienen ni en sueños el nivel de formación profesional ni, muchos menos, la capacidad y honestidad del ex fiscal. Aunque hay al menos dos, que tienen tablas en la materia. Es prudente pues que el pueblo oaxaqueño esté pendiente de las maniobras de la bancada de Morena en el Congreso local, que buscará por todos los medios designar a alguien a modo, sin el perfil requerido para tal encargo. No se trata de poner la justicia en las manos más inadecuadas sino buscar que la institución siga el camino de mejoramiento y lucha contra la corrupción y la impunidad.

OSFEO: Omisión o complicidad

Desde que desapareció la llamada Auditoría Superior del Estado (ASE) y su conversión en Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFEO), tal parece que la calma chicha, la apatía e irresponsabilidad permean en dicha institución, cuyas labores son desconocidas y sus acciones opacas. Dependiente de la LXIV Legislatura del Estado, los mismos diputados le han cuestionado al titular, Guillermo Megchún Velásquez y su equipo cercano de colaboradores originarios de Chiapas, su desempeño, pues tal parece que en temas de corrupción en municipios y en órganos de otros poderes, no pasa nada. En los últimos tiempos, la ciudadanía de ciertas regiones del estado, ha padecido bloqueos carreteros y otras acciones, teniendo como demanda la entrega de las participaciones que les corresponden a las agencias municipales y de policía, sin que se sepa a ciencia cierta el desempeño de los ediles en el manejo de los recursos públicos.

En las últimas semanas ha sonado con insistencia la desaparición de 14 millones 800 mil pesos en el ayuntamiento de Huajuapan de León, que la presidenta municipal, Juanita Cruz Cruz atribuye a un hackeo de las cuentas bancarias. Fuentes periodísticas de dicho municipio revelan los nombres de dos personas que laboran en la tesorería y que, en otras comunidades, como en Santiago Atitlán, Mixe, habrían hecho exactamente lo mismo: buscar culpables de la desaparición de recursos millonarios, sin dar una explicación lógica de ello. Es evidente que las cuentas no les cuadran. Sin embargo, a lo que vamos es a lo siguiente: al igual que cuando existía la ASE, se decía que los mismos funcionarios tenían sus propios despachos contables en donde se cuadraban las cuentas de ediles corruptos, obvio, a cambio de una buena suma y de acuerdo a la cantidad que habría que solventar o probar.

Este prevaricato es contra la ley y debe ser castigado conforme a derecho. No se puede ser juez y parte. Se trata de una práctica de corrupción que suena atípica en una institución que, por su misma naturaleza, busca erradicarla. He ahí el por qué nada se sabe de la situación que prevalece en las esferas públicas o municipales. Tal parece que todo camina sobre rieles y que ediles y regidores de hacienda o tesoreros municipales, son los más honestos. Nada se sabe de expedientes de responsabilidades mucho menos de consignación ante las autoridades ministeriales. Es decir, las corruptelas se limpian ahí mismo.