Munícipes y órganos omisos

Mucho falta por hacer para que sea realidad la transparencia y rendición de cuentas en municipios de nuestro estado pues a pesar de las estrategias que se han aplicado para fortalecer la cultura de la legalidad, se deben multiplicar los esfuerzos. 

La percepción de corrupción puede arrojar resultados mixtos, pues es más sensible a escándalos, investigaciones periodísticas, reputación del Gobierno o discursos políticos y  también refleja la frustración, enojo o descontento con el Gobierno, lo que la convierte en un elemento fundamental en la evaluación del desempeño gubernamental y, posteriormente, en información para tomar una decisión electoral.

A través del programa Contraloría Social se busca involucrar a centenas de ciudadanos (as) de municipios, para que sean quienes vigilen y verifiquen la realización de obras, en donde se emplean recursos federales, estatales y municipales. Esta situación ha logrado acotar o inhibir los índices de corrupción.

Se trata, sin duda alguna, de un ejercicio sano e institucional, habida cuenta de que, en nuestra complicada nomenclatura municipal, hay aún resistencia de las autoridades municipales para rendir cuentas y hacer transparente el gasto. Con el argumento de la autonomía y la escasa formación profesional de muchos ediles, se asume que no tienen porqué dar cuenta de sus acciones. En este aspecto, mucho tiene que ver la escasa o nula capacitación cuando dan inicio a su gestión. De ahí que la tarea del Programa de Contraloría Social se asuma, como un instrumento para que sea la propia comunidad, a través de sus ciudadanos, quienes exijan a sus autoridades transparencia y legalidad en el uso de los recursos, tanto los propios como los que les ministra la Federación o el gobierno estatal.

Sin embargo, siempre lo hemos criticado, se sabe de acciones que ha llevado a cabo la SCyTG, pero no de la dependencia que tiene bajo su responsabilidad verificar el manejo de los recursos en el espectro municipal. Nos referimos al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFEO). Desde hace tres o cuatro años que entró en funcionamiento la nueva administración del citado órgano, se desconocen acciones o la operación de programas que conlleven a un buen ejercicio en las finanzas municipales. Menos se sabe de sanciones o consignaciones de ediles que han hecho un uso indebido de los recursos que manejan, presuntos actos de corrupción o peculado.

 Imparables los feminicidios

Aunque las autoridades de procuración de justicia han emprendido acciones al respecto, es un hecho que Oaxaca se ha perfilado en los últimos años como un paraíso del feminicidio. Las cifras que han mostrado algunos organismos y colectivos como el Grupo de Estudios sobre la Mujer (GES) u otros, revelan una realidad preocupante. En los cuatro últimos años se han contabilizado más de 300 casos. La mayor parte de ellos están en la más absoluta impunidad pues los criminales se pasean sin que hayan sido objeto de ejercicio penal. La cifra de casos resueltos es mucho menor, en un comparativo, a la cantidad que se tiene registrada de este ilícito. Es decir, son pocos los presuntos autores materiales que han sido consignados o han alcanzado sentencia.

Con el argumento de que Oaxaca es una de las entidades más seguras del país, ciertos funcionarios del área de seguridad se siguen regodeando sin cumplir medianamente con su función institucional. El mapa criminal en el estado no ha cedido ni un ápice. Sólo para ejemplificar: entre miércoles y jueves de la semana anterior, es decir, en un lapso de 24 horas se cometieron al menos cuatro ejecuciones. El comerciante Francisco Javier L.O., de 57 años de edad, fue acribillado por un sujeto desconocido en la Colonia Sabino Crespo de la capital oaxaqueña, cuando había acudido con su esposa a mostrar un cuarto en renta. Al filo del mediodía, dos mujeres: Bernarda L. D., de 54 años de edad e Isela L.M., de 36 años, corrieron igual suerte en un predio ubicado a la altura de conocido balneario en el Libramiento de Ocotlán de Morelos. El jueves temprano, se reportó la ejecución del edil de Chahuites, Leobardo Ramos Lázaro.

Es decir, en dicho espectro figuran dos mujeres. Un poco antes, otra mujer fue abatida en Tuxtepec y el viernes, al filo del mediodía, una empleada de un negocio de cosméticos fue asesinada a plena luz del día en céntricas calles de Puerto Escondido, en tanto que una pareja –incluyendo una mujer- tuvo igual suerte en Palomares. Tal pareciera que existe una escalada criminal en contra de las mujeres que contrasta con las protestas que a menudo llevan a cabo grupos y colectivos que luchan para erradicar la violencia de género. Desde el sexenio pasado, Oaxaca se perfiló como uno de los lugares a nivel nacional, en donde se dieron más crímenes en contra de mujeres. La Fiscalía General del Estado ha dado pasos importantes al respecto, pero con certeza la rebasa la cantidad de hechos que se han venido sumando.