Grupos violentos vs sociedad

Las movilizaciones, presiones y chantaje de grupos violentos disfrazados de organizaciones sociales, como el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEP), han puesto en jaque a la sociedad oaxaqueña, la cual está harta de estas acciones que causan molestia, enfado e impunidad. Con la bandera de defender las causas sociales del pueblo, el CODEP ha olvidado que uno de sus integrantes de nombre Ernesto López, fue detenido y vinculado a proceso por la Fiscalía General por tentativa de feminicidio, cuyo delito fue evidenciado el pasado 27 de marzo, a través de las redes sociales. Seis meses después, este mismo grupo liderado por Jaqueline López Almazán salió a las calles exigiendo su liberación. Y salió pintarrajeando fachadas de Ciudad Judicial, en La Experimental, Casa Oficial y en el Centro de Justicia para las Mujeres.

Una total incongruencia del CODEP exigiendo justicia y al mismo tiempo protegiendo a delincuentes, ofendiendo e injuriando además a otras mujeres, que son servidoras de la Fiscalía. ¿Quién está detrás de las tropelías de esta nefasta organización? ¿Quién orquesta y patrocina estos deleznables actos, que evidentemente tienen un trasfondo político? Lo único que podemos afirmar, es que CODEP y su mente maestra, no defienden los derechos de las mujeres, al contrario, las violentan y denuestan para alcanzar sucios fines. Lamentablemente para los oaxaqueños dicha organización seguirá actuando impunemente, derrochando miles de pesos en movilizaciones, lucrando con la necesidad de quienes menos tienen y que por desgracia, confían ciegamente en ellos, como si de auténticos redentores o Mesías se tratara. 

A estos resentidos sociales, que se escudan en la difamación y el revanchismo, la justicia los alcanzará y pasando a formar parte de uno de los tantos oscuros recuerdos de Oaxaca. Lo que sorprende es que existan áreas de gobierno en donde la aludida organización siga teniendo interlocución, situación que les permite a sus dirigentes disfrutar de una impunidad insultante. Hay que recordar que López Almazán, en una acción que fue difunda en redes sociales, trató de inhibir la denuncia de la mujer que fue agredida por el ya citado Ernesto López, situación que en su momento fue video-grabada. ¿De dónde pues piden la liberación de este delincuente, asumiéndose como defensores ex officio de un potencial feminicida?

Los jefes “negreros”

El ejecutivo estatal ha sido muy insistente en que sólo mediante la aplicación de las medidas sanitarias este mal se puede superar o, al menos, reducir sus efectos. Los empleados de base del gobierno estatal, protegidos en sus derechos por su gremio sindical, han continuado en casa. Hay quienes cumplen labores específicas a la distancia. No ha ocurrido lo mismo con los empleados de confianza, muchos de los cuales han sido obligados por sus jefes inmediatos –en su mayoría de segundo o tercer nivel burocrático- a presentarse a laborar, pese a haberse detectado casos peligrosos de contagio en dichas oficinas de gobierno. Desde el inicio de la pandemia en el país, se recomendó que se trabajara de manera escalonada, evitando aglomeraciones y sólo en las áreas prioritarias. Sin embargo, algunos “jefes negreros”, asumiéndose más papistas que el Papa, han actuado con aquello que tipifica el Código Penal, como “negligencia criminal”.

Se entiende que las labores gubernamentales esenciales no deben suspenderse, pero lo que no termina de comprenderse es que haya áreas en las que el personal de confianza siga haciendo sus labores, hacinados en oficinas, sin respetar la sana distancia y que asistan, no obstante haberse detectado casos en las mismas. Lejos de aplicar medidas enérgicas como la fumigación o reordenar las tareas, se insiste en aprovechar dichas circunstancias para prescindir de los empleados con amenazas de despido y sanciones pecuniarias, como descuentos o rescisión de contratos. Con certeza, el ejecutivo estatal no está enterado de dichas acciones que van en sentido contrario a sus disposiciones. 

En los últimos días, víctimas mortales y de contagios han sido funcionarios de oficinas estatales y federales. Por ejemplo, el domingo 13 falleció por este mal, Maximino Vargas Betanzos, quien fuera Subsecretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (SCyTG), a causa del coronavirus. Días más tarde, Yolanda Martínez López, titular de la Secretaría Estatal de Bienestar (SEBIEN), anunció en su cuenta de Twitter, haber dado positivo. Las oficinas de la delegación estatal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), permanecen cerradas luego de detectarse un brote de Covid-19 entre los empleados, incluyendo a la titular, Lourdes Santiago Cruz. La semana pasada, el director del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), José Luis Chida Pardo, admitió haber contraído el mal. Con este panorama, ¿“los negreros” se asumen invulnerables?