Discriminación y corrupción

En las acciones gubernamentales en Oaxaca, parece haber un vicio muy arraigado desde hace algunas administraciones: discriminar a las empresas locales y beneficiar a las foráneas. Ya hemos comentado en este mismo espacio editorial la discriminación que padeció la industria de la construcción local durante la administración de Gabino Cué Monteagudo, cuando el 90 por ciento del presupuesto asignado a obras fue entregado en charola de plata, a no más de cinco empresas foráneas, con domicilios fiscales en Guadalajara, Jalisco y la capital de Puebla. Obviamente eran parte de un entramado de compromisos, pago de favores y corrupción que, desafortunadamente, no ha habido interés en este gobierno de desentrañarlos. Como efecto de dicha discriminación, muchas empresas cerraron ante la imposibilidad de poder continuar. Algunas de las pocas que siguieron en operación, a menudo fueron descapitalizadas con adeudos oficiales que les dieron la estocada final.

Sin embargo, tal parece que esa tendencia perniciosa continúa en ciertas áreas del gobierno de Alejandro Murat. Nos referimos a la Secretaría de Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable (Semaedeso), que no sólo ha sido omisa en la salvaguarda del medio ambiente o de la invasión de zonas protegidas, como dijimos hace unos días, sino que, ahora se sabe, arrastra el estigma de la corrupción en la contratación de empresas foráneas, con estimaciones mayores y una serie de anomalías, para las obras de diagnóstico y saneamiento de los ríos Atoyac y Salado. Siempre lo hemos dicho: lo que ahí prevalece es la ignorancia y la incompetencia. Esta semana se hicieron virales, datos, pelos y señales de nombres de servidores públicos de dicha dependencia, que acreditaron sin más a una empresa con sede en Coahuila, el contrato para la citada obra, una vez que el representante de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, había abandonado la reunión de asignación.

Hace poco más de un mes abordamos en nuestras páginas, algunas irregularidades en la Secretaría de Economía del gobierno estatal. Con pruebas y documentos señalamos un presunto tráfico de influencias y conflicto de intereses del titular, Juan Pablo Guzmán. Sin embargo, tal parece que el llamado Sistema Estatal Anticorrupción es sólo un membrete. No obstante, el llamado del ejecutivo estatal, ese tipo de prácticas de corrupción sigue viento en popa, sin que nadie llame a cuentas a los titulares y subordinados.

CENEO: Chantaje y atropellos

Desde que inició la contingencia sanitaria en la entidad, en marzo de 2020, los estudiantes y docentes del sistema de escuelas normales de Oaxaca, es decir de las once escuelas, no fueron ajenos a las medidas de prevención para evitar contagios o decesos por Covid-19. No son ignorantes para no entender que las clases y exámenes presenciales quedaban descartados. Las autoridades sanitarias han sido enérgicas en llamar a evitar concentraciones masivas, focos de contagio con un efecto letal en la sociedad. Sin embargo, ello no impidió a que Juan Gutiérrez y Carlos Cruz, director del Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca (CRENO) y subdirector de la Escuela Normal Bilingüe Intercultural (ENBIO), respectivamente, identificados como los manipuladores de este movimiento, llevaran a decenas de jóvenes aspirantes a enarbolar la bandera de exámenes presenciales. Este tema sólo se explica si partimos de la premisa de que ahí hay gato encerrado. Y es la corrupción en la venta de espacios.

El pasado martes, de nueva cuenta, realizaron una marcha. Ahora ya no fueron sólo los que no presentaron examen, sino los que fueron rechazados. Ello implica que, mientras el gobierno estatal sigue omiso en aplicarle la ley a quienes han causado destrozos y daño en propiedad ajena, éstos torvos sujetos siguen impunemente capitalizando la inconformidad para que, a través de chantaje y presión, se descalifiquen los exámenes virtuales y la dependencia encargada de la política educativa del estado, doble las manos. En plena temporada de contingencia sanitaria, sólo nos faltan atropellos, bloqueos y movilizaciones de este sector, caracterizado por su impunidad, para que los oaxaqueños vivamos un infierno adicional al que ya hemos vivido.

Comerciantes que apenas sobreviven de sus negocios, ciudadanos que tienen obligadamente que salir de sus casas para llevar el pan a sus familias, operadores del transporte que tienen que juntar la cuenta, etc., exigen que el gobierno deje ya su postura cómoda y temerosa y aplique la ley. No es posible que, de nueva cuenta, como si estuviéramos en bonanza tengamos encima una enfermedad letal como el Covid-19 y aparte, un cáncer social, como han sido calificadas las protestas y excesos de normalistas y maestros. El Estado, como representante legítimo de la sociedad, no debe permitir más este tipo de acciones. El pueblo de Oaxaca, que se entienda, está harto de estas acciones de chantaje.