Parquímetros, obligada consulta

Nunca como hoy, están de moda las consultas populares. Según el llamado gobierno de la Cuarta Transformación, todo aquello que genere ruido para la población debe ser sometido al escrutinio de la sociedad. He ahí el Proyecto Transístmico, al que han torpedeado a placer grupos indígenas, pseudo dirigentes sociales, vividores de la cultura y el territorio, maestros, etc. Hasta la fecha, nada se sabe de la viabilidad del proyecto en torno a las consultas que se han llevado a cabo. Sin embargo, hay que llevarlas a cabo, al menos para cumplir con lo que mandata la ley en materia de consulta popular. Un tema que seguramente para sortear escollos, debe ser sometido a consulta, es el de los parquímetros, pues como ya es sabido, se está convirtiendo en bandera de facciones al interior del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), que buscan ventaja política.
El proyecto ha encontrado resistencias, es cierto, pero también simpatías. Incluso algunos dirigentes de los comerciantes lo han validado, como un intento de meter a la capital oaxaqueña, independientemente de su legado colonial, en la dinámica de la modernidad, como otras ciudades con un perfil similar. Hay razones que le favorecen. La carencia de estacionamientos, por ejemplo, muchos de los cuales cobran lo que les place, pues están fuera de control. La falta de espacios públicos, algunos de los cuales se convierten en propiedad privada de establecimientos de hospedaje o venta de alimentos, cuyos propietarios o administradores, ponen botes, cubetas o mecates, para delimitar sus espacios “de ascenso o descenso” o “zonas de descarga” de mercancías.
Incluso, más allá del respeto a las entradas y salidas de vehículos de las cocheras o garajes, hay quienes prácticamente se han apropiado de los espacios comunes que están en las calles. Todo ello, por supuesto, debe ser regulado por las autoridades municipales. Y si el proyecto de los parquímetros está en la dinámica de reordenar la situación de anarquía que se vive en la capital, con el abuso de la doble fila o el estacionamiento en sitios prohibidos, con certeza se reflejará en la consulta. Insistimos: es un proyecto que ha tenido rechazo popular desde el pasado y hoy mismo ha despertado una gran inconformidad. He ahí el por qué los promotores del mismo, tiene que caminar con pies deplomo. Convencer a una sociedad reacia a cualquier cambio no es fácil. Más aún si ello va en contra de su peculio.

Dispendio impune

Partimos de la premisa de que el Congreso local valida con el voto mayoritario de los y las diputadas, un Presupuesto de Egresos, digamos para el año que entra. Sin embargo, una cosa es ésta y otra muy diferente la que nos menciona el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE), en su reporte anual sobre el ejercicio de 2018, en el que cada quien –nos referimos a los poderes del Estado- no se ajustó al presupuesto asignado, sino que durante el año se extralimitó en gastos y erogaciones. El ejemplo más nítido es el Congreso del Estado que, de más de 450 millones autorizados, gastó más de mil millones. Es decir, en casa de herrero cuchillo de palo. Con una burda manga ancha, la legislatura se despacha a placer con la cuchara grande.
Lo más lamentable es que dicho órgano autónomo, nos referimos al Congreso del Estado, es el organismo más reacio para rendir cuentas. Califica, eso sí, la designación de los comisionados del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IAIP), pero no permite que nadie hurgue en sus cuentas. ¿Entonces? ¿No es esto una desafortunada incongruencia? Una demanda postergada mucho tiempo por la sociedad civil es urgir a los órganos competentes exigir a los sujetos obligados, incluyendo Poder Legislativo, universidades públicas y sindicatos, todos ellos instancias que utilizan recursos públicos, informar de las erogaciones y solventar los desvíos. La transparencia y la rendición de cuentas en las sociedades democráticas, no admiten espacios de excepción. Hacerlo es estar permitiendo la discrecionalidad y la opacidad.
Es una burla para el pueblo oaxaqueño que, para el gobierno de Alejandro Murat, no haya recursos para cuestiones elementales y se busque crear nuevos impuestos, que busca seguir lastimando la economía de los oaxaqueños, cuando se permiten estos excesos. Y es que no solamente el Legislativo se extralimitó en su presupuesto en más de un cien por ciento, sino que el Ejecutivo hizo lo propio con más del 50 por ciento. Tal parece que nadie escapó a superar el presupuesto originalmente autorizado. En otro rubro, también hubo manejos discrecionales en diversas dependencias del ejecutivo, con observaciones que no han sido solventadas, a excepción se dice, de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental. En fin, las cosas no están del todo bien, aunque pocos lo admitan.