Investigar corruptelas

No obstante el insistente discurso del gobernador Alejandro Murat, en el sentido de que en su administración no tolerará desvíos y corruptelas, no faltan aquellos servidores públicos y funcionarios que insisten en las viejas prácticas. Una muy arraigada, pero operada en la impunidad, es la que se da al interior de algunas dependencias, en las que directores y jefes de unidad someten a sus subordinados al pago de cuotas quincenales o mensuales, para seguirlos manteniendo con el puesto que, según los primeros, les deben. Esto es: salarios devengados por jefes de departamento u oficina son rasurados, porque en la perspectiva de quienes les exigen cuotas, aquellos les deben el cargo. De no cumplir con las exigencias de estos (as) corruptos (as), los amenazan con exigirles su renuncia. Compete a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental investigar los casos que se habrían cometido tanto en las dependencias como en organismos sectorizados. Se han dado casos –sin mencionar algunos en concreto- en los que del bono mensual que el trabajador de base recibe, le sería sustraído parte del mismo, bajo amenaza de correrlos del cargo de no cumplir con la entrega de cuotas quincenales o mensuales, que éstos tendrán que aportar para poder conservar el cargo.
Se trata de un vicio bastante arraigado en la administración pública oaxaqueña. En otra modalidad, quien invita a trabajar en su área a algún conocido o alguien que busca trabajo, es obligado a entregar al jefe el primer sueldo. A cambio estará seguro en el cargo. En otros casos, hay personajes que aprovechando la posición política que tienen, meten cuñas, es decir, a sus incondicionales en áreas de gobierno, con la condición de que cada bono que reciban, parte será para el que trabajó y devengó y la otra para el protector. Se trata pues de una práctica inmunda y ominosa. ¿Con qué calidad moral un jefe de área, subsecretario, director, subdirector, jefe de unidad u otro, exige a quien colabora bajo su mando, una parte del salario, que sea cual fuera, el trabajador ya devengó? Insistimos, la SCyTG debe investigar a fondo y de ser el caso, sancionar a quienes han incurrido en esta práctica. Hay que erradicar ese tipo de corruptelas lesivas para aquellos que por necesidad, no por capacidad, buscan emplearse en diversas áreas de la administración estatal.

Cuentas alegres

En los cánones de la política y el buen gobierno, las autoridades responsables de determinada área deben reconocer la situación real y sus limitaciones. El pueblo oaxaqueño ya no está en condiciones de admitir, así sin chistar, informes de actividades o labores plagados de inconsistencias, buenas intenciones o demagogia. La ciudadanía vive otras condiciones en este mundo de información. Nos referimos al caso de la seguridad en Oaxaca. La semana pasada el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPO), Raúl Ernesto Salcedo Rosales, afirmó que los índices de homicidios dolosos se habían reducido. Con datos del mismo Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en nuestras mismas páginas le rebatimos para reconocer que en dicho rubro vamos en franco crecimiento. Es más, en nuestra nota principal de portada, el lunes 26 de agosto, volvimos a la carga, al reconocer que Matías Romero se inscribe ya entre las comunidades más violentas del estado. Los hechos, las cifras y la información ahí están. No son un secreto. Que la Fiscalía General del Estado (FGEO), ha dado golpes, eso no lo dudamos. Pero el problema de la inseguridad sigue viento en popa.
En el pasado reciente criticamos con dureza la tendencia de quienes estaban al frente de las tareas de seguridad, de informar minucias en cada reunión del llamado Grupo de Coordinación Oaxaca. Se mencionaban las personas detenidas en el operativo alcoholímetro, armas decomisadas o unidades con reporte de robo recuperadas. Pero había una especie de fobia para mencionar la cantidad de ejecuciones que se daban en tierras de nadie como Tuxtepec o Juchitán. Cuando Oaxaca se ubicó en el número 17 en cuestiones de inseguridad, había una especie de consuelo de tonto: “estamos mal, pero hay otros que están peor que nosotros”. Por ello –insistimos- el primer paso para dar alternativas viables a la problemática es reconocer que el problema existe. Nada se logra dando a conocer cifras alegres o vanagloriarse de los pasos dados, creyendo ingenuamente que habrá que festinarlas con fanfarrias o incienso. El incremento en los homicidios dolosos hace presumir que seguimos mal en dicho rubro. Nadie, absolutamente nadie en su sano juicio, tomará en cuenta los informes laudatorios, pues la realidad es otra. En cuestiones de seguridad hay aún mucho por hacer. Hasta hoy, el avance ha sido más bien modesto.