S-22: El chantaje perpetuo
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Editorial

S-22: El chantaje perpetuo

 


Entre los resolutivos de la asamblea general del llamado Cártel 22, del pasado sábado, se aprobaron algunos que nos dan la idea de que este gremio no cambiará nunca. En efecto, de nueva cuenta aparecen entre sus demandas la abrogación de la Reforma Educativa, habida cuenta de que se sienten engañados o sorprendidos con las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Según ha trascendido, la dirigencia seccional ha iniciado por todo el estado una especie de consulta para validar –según ellos- su propuesta de reforma que, como siempre lo hemos dicho, jamás será sólo para Oaxaca sino de observancia nacional. Los acontecimientos ocurridos en Michoacán, en donde una beligerante, radical y convenenciera Sección 18, tuvo encima la crítica presidencial y la denuncia penal del sector empresarial, puedan dar una idea de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), jamás se llenará con nada ni se satisfará con prebendas o bonos. Sus miembros ya están cebados en la protesta y el chantaje. No pueden cambiar. Ello es su sino y el quid de su movimiento eterno e insatisfecho.

Un ejemplo de la política del chantaje perpetuo se dio apenas el pasado martes. Y es que el domingo por la noche hubo un brutal accidente en la carretera 190, a la altura de Tanivet, Tlacolula. Estuvieron involucrados dos vehículos: un automóvil compacto y una camioneta. El resultado fue trágico: dos personas fallecidas, lamentablemente maestros. La mujer era directora de la Escuela Telesecundaria en Tlahuiltoltepec, Mixes. Su esposo fallecido era asimismo maestro. La presunta responsable, se dice que en estado de ebriedad, huyó herida de la escena mortal. Pues bien, un caso que debe ser ventilado en las instancias de procuración y administración de justicia tuvo un viraje político. Los maestros de la Sección sindical con sede en Ayutla, convocaron a sus afiliados a una movilización para exigir justicia, es decir, para acomodar ésta a su conveniencia, dejando de lado la responsabilidad que tiene el Estado para esclarecer este doble homicidio doloso. Es ése el grado de politización e impunidad que arrastra este gremio tan cuestionado por el pueblo oaxaqueño, ello sin tomar en cuenta que se lanzará a un paro de tres días antes de que termine el mes de febrero. Siempre insatisfecho, siempre exigiendo y tratando de conservar vicios y confort, es el magisterio oaxaqueño.

Casos de controversia

El pasado martes, familiares de la joven fallecida hace poco más de dos meses, Sylvia Ivana Mingo López, convocaron a una rueda de prensa para denunciar posible intromisión oficial en el caso. Un día antes se hizo viral un video en donde la hermana, Úrsula Mingo pide justicia para su hermana fallecida, develando aristas que permanecían oscuras en la carpeta de investigación. Las revelaciones son escalofriantes, en torno a la hora del accidente y el abandono del cadáver de la víctima a las puertas del Hospital Civil “Aurelio Valdivieso”, en cuyo lapso trascurrieron cuatro horas. Desde que el caso se hizo público, a primera hora del día del accidente, trascendió que había sido abandonada la víctima. En efecto, investigaciones hechas por la misma familia, coinciden con los peritajes hechos al cadáver. Y la denuncia revela inconsistencias, que no se tipifican precisamente, como omisiones del Ministerio Público, mucho menos de la Fiscalía General del Estado. Como mencionamos en este mismo espacio la semana pasada, si bien es cierto que los latigazos se han dirigido al Fiscal General, existen otros factores en lo que la instancia que procura justicia podría ser ajena, pese a actos que denigran al titular, como son los espectaculares.
La cuestión se ha centrado exclusivamente en que el presunto responsable no ha recibido el castigo que merece. Quien conducía el vehículo esa madrugada y responsable de haber abandonado a su novia ya inerte en el Hospital, Alfredo Delgado Cervantes, sigue gozando de libertad sin haber respondido por su imprudencia y responsabilidad en este sonado caso. Por lo que se desprende de declaraciones y escritos, aquello que la familia Mingo López exige es que se haga justicia. Es evidente que no se trató de un simple homicidio imprudencial, sino que hubo dolo y deseo insano de evadir la acción de la justicia, pues pasear a una persona, cuyo peritaje revelaría posteriormente haber fallecido por la gravedad de sus heridas, durante dos horas y, posteriormente, ocultar el cadáver otras dos, para abandonarlo a las puertas de un nosocomio, posteriormente, muestra las facetas de un homicidio doloso en toda la extensión de la palabra. El gobernador Alejandro Murat ya fijó su postura al respecto: su gobierno nada tiene que ver en el caso, el cual calificó como homicidio imprudencial. No obstante estar bajo la tutela de un sistema de impartición de justicia bastante benévolo, la norma obligaría en cualquier circunstancia, extender las pruebas habidas hasta el momento, para fincar más dureza en los criterios del juez.