¿El gobierno o el pueblo oaxaqueño; los pasajeros que transitan por la carretera entre Salina Cruz o los automovilistas que por trabajo o placer recorren dicha vía, son responsables de la desaparición de tres pescadores que desde hace días no han vuelto a sus hogares? Evidentemente no. Sin embargo, alrededor de 150 personas cerró dicha vía carretera el pasado domingo, desde primera hora de la mañana, para exigirle a las autoridades buscar a los desaparecidos y ¡presentarlos con vida!, como si ello fuera atributo del gobierno o de los organismos de socorro. Alguien puede preguntarse: ¿cuál es el motivo de la constante desaparición de pescadores, que viajan en lanchas provistas hasta con dos motores fuera de borda? A nadie engañan ya. Se trata de aquellos que no acuden a llenar sus redes o lanchas del producto de la pesca, sino que andan en otras actividades, particularmente ilícitas. El bloqueo montado a la altura de El Morro-Mazatán, se prolongó hasta las primeras horas de este domingo, sin que fueran atendidos por funcionarios de la Secretaría General de Gobierno para poder resolver este problema y destrabar el cierre carretero y con justa razón, pues no son las formas de solicitar la ayuda de los tres órdenes de gobierno.

Y es la mala asesoría que reciben de ciertas organizaciones y dirigentes, lo cual hace que incurran en excesos. Para los supuestos familiares de los desaparecidos se deberían instrumentar mecanismos de búsqueda por mar y tierra, en Oaxaca, Chiapas y Guerrero, en un litoral que tiene más de mil millas náuticas. Es más, no solamente fue el bloqueo, sino la vil extorsión a los automovilistas que transitaron por esa zona, a quienes dejaron pasar a cambio de una cuota económica entre los 200 y 300 pesos, no obstante, se mantenían concentrados a un costado en espera de una respuesta o de lo contrario volverían al bloquear la vía federal. Este tipo de prácticas deben terminar. No es justo que un asunto particular se convierta en una afectación pública como ya hemos dicho en ocasiones anteriores. Que se busquen los mecanismos con los cuerpos de socorro para acudir en busca de los pescadores desaparecidos, pero no a través del manido chantaje que ya tiene harta a la sociedad. Menos hay que pedir auxilio del gobierno para resolver una situación que, por razones obvias, no está en sus manos hacerlo de manera exitosa.

Con la ley en la mano

Aceptando sin conceder que los trabajadores de la Secretaría de Salud que, se dice, fueron contratados de manera irregular y sin el respaldo financiero respectivo, cumplen rigurosamente con un horario y en realidad contribuyen al buen desempeño de la institución, por tanto, tienen bien ganado su salario y no deben ser despedidos, ello no obsta para justificar una irregularidad administrativa que va, justamente, en contra de la disciplina financiera que exige el gobierno federal a los estados de la República. Se entiende que se trata en su mayoría de personal calificado; que hay médicos, enfermeras, especialistas en diversas disciplinas, etc. Que todos ellos buscaron una alternativa de trabajo digno y decoroso en los Servicios de Salud en el Estado y que con dicho trabajo mantienen a sus familias. También es irrefutable. En realidad se trata de un asunto serio que, necesariamente debe tener una salida, que no es precisamente la renuncia del titular de la Secretaría de Salud, Juan Díaz Pimentel, sino una alternativa viable a su situación laboral, que nada tiene que ver con la renuncia o permanencia de determinado funcionario. Eso es politizar la problemática.

La cuestión debe resolverse no solamente con el desgastante diálogo y negociación, que hace que los inconformes se empecinen más y, como se dice vulgarmente, “se monten en su macho”, sino también con la ley en la mano y conforme a Derecho. En nada contribuye a sanear el sector salud, continuar con una sangría económica de más de 1 mil 700 millones de pesos al año y llegar a fomentar el déficit que, de sí, ha sido un peligroso lastre que se viene arrastrando desde la administración pasada. Cada uno de los inconformes debe dejar de presionar y volver a las manidas prácticas del chantaje, sino probar que en efecto tiene años de servicio y la modalidad en que se le ha pagado. Los delegados sindicales deben demostrar que no hay “comisionados” y “aviadores”. Asimismo, que los salarios de todos los trabajadores que están en dicha situación han sido liquidados sin desviar los pagos obligados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o al ISSSTE u otros sujetos públicos con los que existen obligaciones de tipo económico. Pero ello sólo se logrará en tanto se haga una revisión caso por caso. Pero de una cosa estamos ciertos: la problemática que enfrenta hoy el Sector Salud no se resolverá con presiones y chantaje.