Triquis: El eterno conflicto (II)

1).- Desplazados: El Síndrome

Existe entre las organizaciones triquis un Síndrome: el asumirse desplazados. Gozar de más privilegios. Medidas cautelares y la manutención del gobierno. Desde 2010, no más de 20 cautelados, liderados por Lorena Merino, Reyna y Jesús Martínez, se apropiaron de los pasillos del Palacio de Gobierno. Pareciera que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), les hubiera escriturado dicho espacio. Ahí pernoctan y cohabitan. Han nacido ahí más de 50 niños (as). Lo usufructúan y hasta lo rentan.
Y ahí seguirán ad perpetuam, hasta que la complicidad del gobierno se los permita. El miedo al estigma; el temor al escarnio mediático; el terror a meter al orden, no a los condenados de la tierra de Franz Fanon, sino a una casta de vividores que se asumen vivir en otro estatuto. Han exigido terrenos, casas, despensas. ¿Lo merecen? Pues no. Macario García Merino, dirigente del MULTI ha querido emularlos. Y ha hecho cuanto ha podido para lograrlo, con el ardid de que, en la zona de Tierra Blanca, prevalece la violencia. Que no pueden vivir ahí.
Su juego se puso al descubierto hace meses. Pero hay en el gobierno una especie de estrabismo. Se le siguen solapando sus excesos, chantaje y victimización. Bloquear la carretera 190, en plena época de afluencia de turismo y en abierto desafío al Estado de Derecho, no es poca cosa. Vulneraron los derechos de vecinos, que sí están bajo el estatus de un marco jurídico que debe regir para todos los mexicanos. Le lección de San Pablo Etla es una severa llamada de atención al régimen estatal. Aquí no debe haber privilegios.
El retorno a su lugar de origen, escoltados por la Guardia Nacional y la Policía Estatal, sólo provocó hilaridad. Hoy los llevaron; ya están de regreso, al menos en la CDMX. Y pronto lo estarán aquí. Sus adversarios del MULT y UBISORT, perversa o amañadamente cuestionaron la actitud del gobierno y boicotearon el cacareado retorno, aunque Fabián Pereda “El Calaco”, sorprendió con verdades a medias al gobernador Alejandro Murat. Mesas y mesas de diálogo, de lamentos, de exigencias. Es una etnia trashumante con algo de hipercinesia: en perpetuo movimiento y ni de aquí ni de allá.

2).- Igualdad ante la ley

Con todos los instrumentos legales que existen, ¿cuál fue el motor de la negativa del gobierno de Gabino Cué y ha sido la de Alejandro Murat, para no echar abajo las sobadas medidas cautelares, en bien de la imagen de nuestro Patrimonio Cultural de la Humanidad? Se necesita no amar a Oaxaca para actuar con tal desapego a la norma y a los principios más elementales de la convivencia y la civilidad. ¿Hay algún país o ciudad que tenga este lastre, escudado en los derechos indígenas? ¿Algún estatuto dice que deban, con medidas cautelares, posicionarse durante 11 años, de un espacio público, así impunemente? Es el miedo a las acusaciones de etnocidio, de represión, de no entender a los “pobres e indefensos indígenas” –con pura AK-47 y R-15 en sus comunidades-. El abominable Síndrome de 2006 y el estigma de Nochixtlán de 2016, sigue lacerando a los oaxaqueños en general.
Es decir, ¿quién le dio la potestad a un grupo minoritario de triquis, que deben ser iguales como todos los mexicanos, de asentarse en un espacio que no pertenece al gobierno sino a los citadinos? Es aquí en donde la sociedad civil advierte lo políticamente incorrecto. Las diversas organizaciones: MULT, MULTI, API, UBISORT, entre otros, perviven de las políticas clientelares del gobierno. Pero su constante movilización ya no convence mucho.
Del famoso acuerdo de paz que mencionó el presidente López Obrador, ni sus luces. Del seguimiento a la problemática triqui por parte del Subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB, Alejandro Encinas, tampoco. El sobado argumento de una paz vulnerada por la violencia en Tierra Blanca, perdió credibilidad. Su sino es vivir en permanente conflicto. Insisto: administrar la inestabilidad, las emboscadas, celadas y víctimas, es el gran negocio de los titiriteros. Fin.

BREVES DE LA GRILLA LOCAL:

— Miserables es un término suave para calificar a los actores de la trama del termo de 500 pesos, que fue donado a una comunidad indígena y todavía lo publicitaron. El cicatero Esteva quiere ser candidato y el mezquino Gutiérrez, fue el mensajero.
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