Una pésima imagen hay de Oaxaca entre los visitantes o viajeros que entran a territorio estatal, con las casetas de peaje de manera permanente tomadas. Un día son los miembros de Colonia Unidas, clientes cotidianos de dicho lugar, al siguiente son comuneros o productores; porros universitarios, maestros o indígenas. La cuestión es que mantener tomada la caseta de Huitzo, por ejemplo, representa muchos miles de pesos para quienes la toman y cobran el peaje de manera ilegal. No hay un solo día en que la circulación y el paso sea normal. Y hasta provocan accidentes mortales como el pasado lunes, en el que falleció carbonizado el operador de un tractocamión.
Los motivos son muchos para darle vida a esta estampa grotesca pero cotidiana. Empero, el propósito final es uno: sacar dinero de manera ilícita. Es evidente que quienes pagan la cuota impuesta carecen de recibo y, por tanto, del seguro de viaje que conlleva pagar de manera legal. Hay fuentes que revelan que ya hay hasta colusión entre empleados de Caminos y Puentes Federales, Similares y Conexos (Capufe) y hasta de elementos de la Policía Federal, en éste que ya se ha convertido en un negocio rentable e impune.
En el gobierno estatal simplemente se encogen de hombros bajo la premisa de que al tratarse de caminos y carreteras federales, es competencia de la Federación, aunque el delito se cometa en territorio estatal. Las corporaciones omiten desalojar a los atracadores, incluso aquellos que con violencia y a golpes presionan a automovilistas y transportistas a aportar cuotas mayores a las que se cobran por el peaje. La de Huitzo, más que la de Suchixtlahuaca o Ixtepec en el Istmo, se ha convertido en el rehén favorito. Es ya una tradición que los normalistas cuando se acercan las vacaciones, tomen autobuses urbanos y se dirijan a la misma, para sacar para el pasaje a sus comunidades y un plus para pasarla bien.
La ciudadanía no sale de su asombro al ver la pasividad o apatía con la que en el gobierno de Alejandro Murat se solapan estas conductas ilícitas. En redes sociales, que difunden hechos en los momentos en que ocurren, ya no es novedad. Fotos y videos se hacen virales profusamente. Hasta aparecen los líderes, que son los que se llevan las mejores rentas. Ya estamos a sólo unos días de los festejos del Día de Muertos, cuando fluye a Oaxaca el turismo nacional y extranjero, interesado en vivir nuestras costumbres. Será el gran negocio de dichos grupos y organizaciones que, incluso, se reparten por horas las “tomas” y el botín.
FGEO: En la indigencia
El fin de semana pasado ocurrió un hecho inédito y sin precedentes en la historia de la justicia en Oaxaca: vecinos de San Blas Atempa, quepresuntamente trataban de sacar de la cárcel a un delincuente retenido en los separos de la Vice-Fiscalía Regional de Tehuantepec, subieron al techo del predio que alberga a dicha dependencia y encontraron restos humanos, así como yerba seca, presuntamente marihuana. Sorprendió que las muestras de evidencias, que deben mantenerse bajo resguardo, estuvieran ahí a la intemperie y sin la protección debida.
Llamaron la atención las razones que la Fiscalía dio al respecto, que ponen en evidencia el escaso o nulo profesionalismo con el que se procura justicia y lo vulnerables que son las indagatorias y pruebas, por lo cual muchas de ellas se han caído, cuando se lleva a los presuntos responsables de un ilícito ante el juez. La FGEO afirmó en el boletín que los restos humanos, muestras de ropa y la yerba estaban ahí, en virtud de que al no contar con los elementos físicos necesarios para su resguardo, los peritos los habían tenido que sacar al sol para evitar su deterioro. Sólo profesionales en la materia podrían decir si eso es lo correcto o no.
Es importante subrayar que en los protocolos para mantener evidencia de un crimen u otro delito, su inmovilidad es elemental. Además, obviamente, que pese a que se trate de restos humanos inertes, los mismos deben tener un trato digno y decoroso. La persona que en vida haya tenido como suyos dichos restos mortales, no merece estar arrumbado para que le pegue el sol. De nueva cuenta pues, es necesario devolverle a la institución esa seriedad y apego al derecho que debe conservar. No es cosa menor. Ello se llama negligencia e irresponsabilidad, aunque se trate de justificar lo que no es posible.
En otras ocasiones hemos mencionado que la Fiscalía requiere atención de parte de los y las diputadas, habida cuenta que con la pobreza presupuestaria que arrastra no puede cumplir con su papel. Algunos elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), han insistido en sus desplegados o notas que filtran a través de las redes sociales, que no les otorgan viáticos ni para gasolina, en cambio los presionan para hacer economías en cuestiones elementales como papelería, energía eléctrica y otros. Nada se resuelve pues ahorcando a una institución que, como ya hemos dicho, tiene que recurrir a métodos irracionales para conservar evidencias.
