Oaxaca tiembla por la impunidad

Se cumplen 6 años de los sismos de 2017 y aún hay damnificados sin apoyo ni ayuda en las calles de Juchitán y algunas otras comunidades del Istmo de Tehuantepec; muchos se quedaron con el dolor de ver sus casas devastadas, el patrimonio de generaciones perdido, no solo por el sismo sino por el arribo de maquinaria que arrasó con muchas casas vernáculas.

Por esa forma de “reconstrucción” los gobiernos federal y estatal pagaron sendos contratos a constructoras que usaron maquinaria de manera inmisericorde y se llevó a cabo, de manera literal, una política de “tierra arrasada”.

En el Istmo, tras los sismos y en medio del río revuelto hubo una expoliación de recursos sin rendir cuentas y un atentado cultural contra arquitectura, cultura y tradiciones istmeñas, y de ello nadie habla.

Muchos istmeños vivieron por meses a la intemperie, en medio de lluvias, soportando el intenso calor y entre la insalubridad mientras “constructoras”, con anuencia de los gobiernos, se daban un festín derribando vivienda tradicional. Cuadras enteras destruidas sin estudio previo de posible rescate: el negocio estaba en tirar, tirar, y derribar hogares dejando páramos planos por cuadras enteras.

Y se pagó-cobró por ello…y muy bien y sin rendición de cuentas.

 

FRAUDE CON TARJETAS

Además, recursos “para la reconstrucción” fueron dispersados a través de fraudulentas tarjetas de débito con el logo del gobierno federal. Estas tendrían fondos para adquirir insumos o materiales para levantar los nuevos hogares y fueron muy bien aprovechados por vivales.

Muchos damnificados ni siquiera vieron esas micas y fueron múltiples las denuncias de fraude y, de plano robo de micas y recursos que nadie investigó. Y han pasado 6 años, no se investigará.

En enero de 2018, apenas 4 meses de los sismos, la organización Civil Mexicanos contra la Corrupción dio a conocer una investigación y una denuncia interpuesta por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sobre la emisión de 4 mil 574 tarjetas de débito con recursos por 68.8 millones de pesos para mil 495 afectados, con lo que se emitieron 3 mil 79 plásticos de más.

Entonces se documentó que un mismo nombre estaba en hasta 26 tarjetas distintas y amparaba recursos por hasta 390 mil pesos. Al acudir con las personas “beneficiadas” argumentaban haber recibido un solo documento o, incluso, ni siquiera sabían de la existencia del depósito. Todo se cobró y nadie supo quién y cómo lo hizo.

Entre 2019 y 2020 “trabajó” en el Congreso de Oaxaca una Comisión especial de seguimiento al uso y destino de los recursos presupuestales asignados a los trabajos de reconstrucción y en esa fecha identificó rezagos en la reconstrucción, principalmente en los ámbitos de la salud y educativo.

Además, demandó que el ejecutivo entregara un informe sobre el destino de 200 millones de pesos que fueron etiquetados en el Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2018 y se señaló, entre otras dependencias, al Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED), encargado de la rehabilitación de la infraestructura educativa, incluidos edificios de la UABJO dañados.

Esa comisión se desintegró y nada hizo. Estaban Pável Meléndez Cruz, quien recibió como premio a no hacer bien su trabajo, el nombramiento de cónsul general en Denver, Colorado. Gloria Sánchez López, posterior presidenta municipal de Juchitán de Zaragoza enchufada a la Cocei, y quien ha sido señalada por las acusaciones de peculado, desvío y malversación de fondos. Además, Juana Aguilar Espinoza, diputada local que se concreta solo a organizar concursos de oratoria o Aleida Tonelly Serrano Rosado, primero diputada perredista que se cayó en el brinco y ahora diputada independiente y Victoria Cruz Villar, exlideresa de la Sección 59 que dejó su curul del PVEM que perdió en la legislatura pasada.

 

SEMOVI ¿NO HAY MÁS?

Magros, muy magros resultados en el “cateo” a Semovi donde detuvieron a una persona al mismo tiempo que el Gobierno del Estado difundía el trámite de licencias apócrifas en la dependencia. Sin duda la Secretaría de (la in)Movilidad requiere ser barrida de arriba para abajo, Pedro Silva y Claudina Unda Harp incluidos, no de abajo para arriba.

El atrevimiento, enquistamiento, la corrupción se ha convertido en consustancial en la dependencia. No es de otra forma que el contar con una red de complicidades dentro y fuera de la institución para mantener el negocio de expedición de licencias, de tarjetas de circulación, permisos, concesiones que han permitido que administración tras administración parásitos absorban la poca savia que circula por la dependencia.

En serio, el trámite de licencias es un “mal menor”. El verdadero negocio son las concesiones del transporte público y la poco clara regularización de vehículos. ¿Será que “alguien” quiso romper el monopolio o, en su defecto, consolidar el negocio para eliminar la competencia interna? Se verá en los siguientes días, las acciones que se tomen nos dirimirán el rumbo.

 

TORTILLA INFLADA

En Michoacán, de acuerdo a la revista Gatopardo, se paga 17 pesos por kilo a los productores limoneros. En la central de abastos de la Ciudad de México el precio del kilo por medio mayoreo se registra en 29.16 pesos, el mes anterior su precio era de 25.89. El precio final al consumidor, en la Ciudad de México, puede llegar hasta los 40.31 pesos y en toda esta cadena, se señala, hay cobro de piso por parte del crimen organizado.

En Oaxaca bodegueros han denunciado justo el cobro de piso a introductores en algunos productos. Gatopardo indicó que en el país esto afecta al aguacate, jitomate, papaya, el mango, el pollo y pescado. Es el consumidor final quien paga el “impuesto” creado por los criminales en la figura del “cobro de piso”

El gobernador Salomón Jara dijo que el precio de la tortilla ha encarecido en lugares como Tlacolula, Ocotlán, la ciudad de Oaxaca y zonas del Istmo de Tehuantepec a causa del cobro de piso de organizaciones como Catem y CTM que en dos años pasó de 14 a 23 pesos.

Aunque no tomó en cuenta el factor inflacionario, sin duda ello es muy probable; nos relató el qué, pero no cómo planean evitarlo que no sea el dicho de “No lo vamos a permitir”

Sin ser el común denominador los tortilleros y organizaciones de mototaxistas están implicados, también, en el narcomenudeo, principalmente en el Istmo de Tehuantepec y tienen el “respaldo” de organizaciones sociales.

Por cierto, con integrantes de una de esas organizaciones llenaron el Auditorio Guelaguetza cuando tras que el auditorio lució localidades vacías en la primera edición.

¿Y entonces?