Yosondúa, ¿servirá de algo la tragedia?

La tragedia en la que murieron 29 personas al desbarrancarse un autobús en la zona de Magdalena Peñasco debería tener conmocionada a la sociedad oaxaqueña en particular y al país en general. Y, sobre todo, movilizado a la sociedad y al paquidérmico aparato de los gobiernos federal, estatal y municipales para evitar un nuevo accidente como el que dejará marcados a toda una generación de oaxaqueños.

Son 29 historias de vida cortadas tajantemente por la negligencia, desidia, improvisación, incapacidad, pobreza y reflejo de una crisis social y económica. La salida fácil es señalar “corrupción” que ni siquiera creemos que hubiera o, como de inmediato “acertaron” a señalar “fuentes oficiales”: error humano. No, hay algo más profundo, tan profundo como el barranco en que cayó el vetusto autobús en la peor tragedia registrada en Oaxaca.

Y son los periodistas: Jorge Luis Plata, Juan Carlos Zavala y Floriberto Santos quienes han comenzado a armar el rompecabezas, dar pauta de la cadena de errores que presagiaban el desastre y que se concatenaron para enlutar hogares y toda una región de Oaxaca mientras que autoridades prefieren voltear para otro lado y llenar de boletines oficiales las lagunas que ha dejado su inacción.

En un periódico nacional Juan Carlos Zavala señala que la empresa propietaria del vehículo fue apenas constituida hace 10 meses ante notario público, el 5 de octubre de 2022. La empresa, indica el reportero, está constituida como firma de transporte ¡turístico! no público; sin embargo, brindaba servicio de corridas diarias entre la Ciudad de México (Santa Martha Acatitla, Iztapalapa) a Yosundúa.

Para dar de alta el servicio turístico se deben cumplir una serie de requisitos para transitar en carreteras y autopistas federales ante la Secretaría de las Infraestructuras, Comunicaciones y Transportes y estos requisitos son más estrictos y se multiplican si es un servicio público concesionado.

Los vehículos, choferes, empresas deben dar cuenta de las rutas, horarios, itinerarios y cumplir todo ello. Además, realizar una revisión (revista) periódica de las unidades, someterlas a revisión física y mecánica (recordemos que “se quedó sin frenos”) y, de acuerdo al servicio, contar con un periodo máximo de vida útil, antecedentes del vehículo y dónde ha “trabajado”, bajo qué condiciones.

Los conductores: someterse a exámenes toxicológicos, físicos, si le apura usted hasta neurológicos y, acá otra falla, con conocimientos mínimos de mecánica para prevenir, detectar y/o evitar riesgos e, incluso, enfrentar cualquier contingencia que pudiera poner en peligro su vida pero, principalmente, la vida de los pasajeros.

De acuerdo con testimonios de sobrevivientes recabados por el fotorreportero, Jorge Luis Plata y Floriberto Santos, dan cuenta que el joven conductor hizo dos escalas: en Chalco y cerca de Tlaxiaco para realizar revisiones de la parte trasera del camión, presumiblemente había detectado fallas. Si así fuera, debió estar capacitado para aplazar el recorrido, resolver alguna falla mecánica e, incluso, hacer frente a los pasajeros y a la empresa para detener o aplazar la ruta, pero esto es solo una parte de lo que desencadenó la tragedia.

¿Quién o cómo se autorizó al autobús brindar el servicio “turístico”? ¿Cuántas firmas, “empresas”, se han constituido recientemente como “transportistas” para ofrecer traslados de un punto a otro en la geografía oaxaqueña? ¿Hay capacidad de las autoridades federales, de Semovi para llevar a cabo revisiones periódicas al parque vehicular, a autobuses o conductores? ¿Saben, se tiene registrado los puntos de ascenso y descenso de los pasajeros, se cuenta con instalaciones dignas o, como en muchos lugares, se aborda a pie de calle y los oaxaqueños llegan en “algún punto” de la ciudad de México o Edomex sin condiciones mínimas, sin baños, para ahorrarse “la terminal”?

Todo ello “abarata costos” pero multiplica los riesgos que afrontan los pasajeros que, como en este caso, costaron ya 29 vidas.

Para más datos ¿Qué hay de esas casetas “rosas” de transportistas ligados a la Sección 22 que por 600 pesos realizan recorridos diarios Oaxaca-Cdmx y viceversa y que se multiplican los días de protesta o previo a una marcha en la capital? Todo mundo sabe que expenden boletos en la calle de Armenta y López, en Viguera o en Periférico, en inmediaciones de las oficinas de la CFE. Y ¿quién los supervisa, a quiénes rinden cuentas? Negligencia, complicidad, corrupción o, de plano, miedo de autoridades.

¿Qué hay de esas unidades ligadas al Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT), que a diario parten de inmediaciones de un hotel del norte de la ciudad a la capital de la República? Creemos que cuentan con una concesión, que ofrecen seguro de viajero, ¿en verdad vehículos y conductores son sometidos periódicamente a revisiones y que los autobuses son de modelo reciente y, de cuando en cuando, sometidos a reparaciones mecánicas? Confiamos.

Estamos en el momento preciso, la disyuntiva para que esta tragedia no caiga, de nueva cuenta, en el barranco del olvido. Hoy ya autoridades deberían haber establecido un amplio programa de revisión del servicio público. Hay en Oaxaca 570 municipios y miles de comunidades ¿a cuántos se les brinda transporte irregular, cuántas autoridades tienen su propio medio de traslado; de ellos, cuántos cumplen con normas de seguridad mínima?

Nadie del gobierno de la 4T o de la Primavera Oaxaqueña han hecho acto de contrición o mea culpa de la parte de responsabilidad en la tragedia. ¿Así se va a quedar? ¿Y las muertes?

Lo peor, no esperemos otro cataclismo, cuestan vidas…y muchas.