Violencia que ensordece
¡Pero qué fea estás! ¡Mírate, tan gorda! ¡Cómo serás inútil! Nada más estorbas, ¡nunca te vistes bien ni te arreglas! ¡Qué vieja estás, me avergüenzas! Así lo escuchaba ella día tras día, a toda hora, hasta que se quedó sorda.
Varios diagnósticos médicos revelaban ausencia de daño físico que causara su sordera por lo que sugirieron atención psicológica. Paralelamente se adicionó violencia física y económica. 47 años atrás no eran la pareja ideal o perfecta, pero sí una que parecía llevarse bien, cumpliendo cada uno su rol socialmente establecido.
Las mujeres con discapacidad en situación de violencia familiar aún tienen dificultades para acceder a recursos sociales, lo cual incrementa la vulnerabilidad de sus derechos humanos. De acuerdo con informes especializados, cuando las mujeres sordas son víctimas de malos tratos, padecen una doble discriminación e invisibilidad pese a que las leyes garantizan su igualdad en el acceso a los recursos, pero la sociedad refuerza la discriminación al ofrecer recursos a los que no pueden acceder.
La invisibilidad queda de manifiesto incluso en las encuestas sobre violencia de género como la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2004; 2007; 2016, donde excluyeron de sus muestras a mujeres con discapacidad, fue hasta la ENDIREH 2021 que se incorporaron preguntas que, según las recomendaciones internacionales, permiten identificar situaciones de discapacidad y la magnitud de esta. Los resultados muestran que, de las mujeres de 15 años y más con discapacidad, 72.6% experimentó al menos un incidente de violencia a lo largo de la vida y 41.5%, en el periodo de octubre de 2020 a octubre de 2021.
Se cuenta con poca información sobre las experiencias de violencia de género de las mujeres sordas en México. El maltrato hacia ellas tiende a ser más difícilmente reconocido debido al estigma asociado con la discapacidad y a los prejuicios sociales en particular en contra de las personas con discapacidad, sobre todo, mujeres.
En México, según datos del INEGI (2010), hay cerca de medio millón de personas con discapacidad auditiva, de las cuales 54% son hombres y 46% mujeres. A la exclusión social se añade la dificultad de hacer redes dentro de la propia comunidad sorda, dada la diversidad de sus características respecto al problema que les identifica como parte de ese grupo.
En marzo de este año, 2022 entre miles de mujeres que salieron a las calles para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, muchas mujeres con discapacidad también marcharon exigiendo la inclusión en los servicios que se brindan a las mujeres, concretamente los relacionados con la violencia de género.
El año pasado, el Senado mexicano aprobó reformas a la Ley General para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, las cuales establecen, entre otras cosas, que los jueces y demás autoridades deben tener en cuenta la protección y el apoyo necesarios para que las mujeres con discapacidad puedan escapar de situaciones de violencia. No obstante, se carece de presupuesto para implementar dichas reformas.
En este contexto, considero acertada la aprobación del Congreso local de Oaxaca al declarar el 25 de septiembre de cada año como el “Día Estatal de las Personas Sordas y de su Lengua de Señas Mexicana” a fin de sensibilizar y concientizar sobre las necesidades particulares de las personas con discapacidad auditiva, y a su vez, la importancia de crear políticas públicas que permitan su inclusión en la sociedad. De cualquier manera, Oaxaca de nueva cuenta se transforma en un referente y que es susceptible de ser mejorado si se aplica el enfoque de género.
