Baja California es la primera entidad en tomar medidas que hagan menos costosos los procesos electorales.
Una iniciativa que será analizada esta semana en el Congreso local establece la eliminación del subsidio local a los partidos políticos, dejándolos solamente con los recursos que provienen del erario federal.
Es un reclamo constante el que se hace de los gastos extraordinarios que representan cada uno de los procesos electorales, donde fluye el dinero federal y el estatal para aquellos partidos en competencia, por lo que la intención conlleva a eliminar ese doble subsidio en esa entidad y que los partidos en competencia se atengan al recurso federal y se provean de recursos propios y no de la sangría del erario.
Amador Rodríguez Lozano, secretario general de gobierno de la norteña entidad, anunció que el gobernador Jaime Bonilla firmó la iniciativa que conlleva a dicha reforma en el terreno local.
El financiamiento público es demasiado caro y la ciudadanía expresa su rechazo para que los partidos políticos reciban dinero público para sus actividades.
De acuerdo con las autoridades de Baja California, en caso de ser aprobada dicha enmienda por el Congreso local se eliminará dicho subsidio de forma definitiva, cuyo costo solamente en 2021 fue de 148 millones de pesos en el terreno local y sería de 250 millones de pesos por los próximos dos años.
Este financiamiento, sumamente costoso, se estableció desde 2014 y de aprobarse la reforma constituiría un ahorro para el gobierno local en los siguientes comicios.
Y es que dentro de las tareas pendientes de los legisladores que asumirán sus curules a partir del primero de septiembre es entrar al tema de las leyes electorales, donde algunos aspectos deben ser analizados y en su momento, cambiarlos, si es que logran el consenso.
No todos están de acuerdo en esos cambios, ya que varios de ellos se han venido mencionando durante varios años, sin que nadie se atreva a llevarlo a la discusión pública y por ende legislativa.
Son varios los rubros en que hay coincidencias entre diversos actores políticos, especialmente en lo tocante al exceso de representantes populares, sean de la Cámara de Diputados o Senado de la República, en la que se destaca la sobrerrepresentación con los diputados y senadores que llegan por la vía de la representación proporcional y las primeras minorías.
Una de las posibles propuestas que se discutirán en la próxima Cámara de Diputados es la de rebajar el número de diputados y senadores, para regresar a los tiempos en que los candidatos ganadores con el apoyo de los electores eran los que formaban parte del Poder Legislativo y el grupo se reduciría a 300 personas, surgidas de igual número de distritos electorales federales en que se encuentra dividido el país, a los que se sumarían 64 senadores, dos por cada entidad federativa, como los de antaño.
La propuesta actual provendría de MORENA el partido mayoritario en la actualidad, qué busca de esa forma limitar los espacios en la Cámara de Diputados, donde partidos que ganaron solamente un puñado de votos y unos cuantos distritos de mayoría cuentan con bancadas superiores a los 40 diputados.
Se trata de implementar nuevas reglas y nuevas condiciones de competencia, entre las que se destacan revisar las funciones del INE y los Consejeros, con una posible reducción de estos, llegando hasta la posibilidad de sustituir el organismo, algo que se considera sumamente difícil de realizar, sobre todo sin el consenso que se requiere para esas modificaciones.
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Siguen los enfrentamientos en diversas entidades con un alto saldo de muertes, generalizando la violencia que se eleva peligrosamente.
Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato y otras entidades resienten esta nueva ola de sangre que toma tintes sumamente riesgosos.
La reaparición de los grupos delincuenciales, la disputa por los territorios y los enfrentamientos sin importar donde, cuando, ni horarios, hace que el panorama de la violencia convierta esa zona en tierra de nadie.
Poco es lo que se ha hecho en ese terreno, con todo y la militarización de la Guardia Nacional y la desaparición de algunos cuerpos policíacos que estaban considerados infiltrados por los cárteles y otros grupos delincuenciales.
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