Ajustes en el gabinete: ¿por votos perdidos?

Por Ivonne Melgar

Más allá de las versiones del enojo presidencial por los descuidos electorales supuestamente atribuibles a la Coordinación General de Programas para el Desarrollo de la Presidencia de la República, la renuncia de Gabriel García Hernández nos lleva al eufemismo de que la fallida política social del gobierno es “un área de oportunidad”.
Porque, independientemente de los posibles culpables según las anécdotas palaciegas, Morena perdió votos en la CDMX, el Estado de México y Puebla y no pudo avanzar en Jalisco y Nuevo León, por citar puntos neurálgicos de la República.
Por supuesto que la elección presidencial no es comparable con una intermedia. Pero los datos están ahí: mientras Morena, PT y PVEM obtuvieron 20 millones 904 mil 670 votos; PAN, PRI, PRD y MC sumaron 22 millones 798 mil 242 votos. Y si en marzo del 2022 tendremos revocación de mandato, es obvio que esos números prendieron alertas, dando paso a los ajustes en Hacienda, Función Pública, manejo del tema Metro y este jueves el cambio de García Hernández.
Se trata de un relevo que nos obliga a preguntar si el saldo de hace tres semanas tiene qué ver con la eficacia de la política social centrada en transferencias monetarias a diversos sectores.
La duda importa por el relevo de quien desde hace 21 años venía siendo parte del primer círculo de López Obrador, artífice de estrategias electorales y, a partir de diciembre de 2018, al frente de los 32 súper delegados estatales del gobierno.
De acuerdo con observadores de la vida en Palacio Nacional, Gabriel García Hernández tenía un poder inmenso por la capacidad de operar al margen de supervisiones y jerarquías ajenas a las del Presidente de la República, a quien le rendía cuentas del manejo de toda la estructura de beneficiarios de los programas sociales. Y, por lo tanto, como responsable de una tarea no escrita: traducir las becas, pensiones y vacunas covid en simpatías hacia el gobierno y su partido.
Esa misión fue encomendada ayer a Carlos Gastón Torres Rosas, secretario técnico del gabinete de crecimiento y quien llegó con Alfonso Romo a la Oficina de la Presidencia; de una familia de empresarios duranguenses afines a López Obrador; con licenciatura en ciencias en administración de empresas por la Universidad de Bath, Reino Unido, y proveedor de “los otros datos” que el mandatario comparte en sus conferencias matutinas.
Un perfil interesante el de este funcionario de 34 años que, experto en números, podrá compartirle a su jefe, al menos en privado, información que trascienda esas versiones del viejo régimen de que los electores son marionetas de maquiavélicos operadores de casillas al gusto del voluntarismo, desdeñando el veleidoso comportamiento político de una ciudadanía exigente que depositó sus expectativas de un mejor futuro en la prometida Cuarta Transformación.
De asumir a fondo su tarea, el sucesor de García Hernández podría contarle al presidente López Obrador del informe que este lunes presentó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) sobre las reducciones que las carencias sociales experimentaron en drenaje, electrificación, vivienda, salud y educación entre 1990 y 2020.
Torres Rosas también podría mostrarle al Ejecutivo federal que del año 2000 al 2020, el porcentaje de población sin acceso a los servicios de salud bajó de 58.6 a 21.5 por ciento. Y que esa reducción de 37.2 puntos mucho tiene que ver con el Seguro Popular que este gobierno desmanteló y cuyo regreso fue una promesa de campaña de la oposición. Si el nuevo titular de la Coordinación de Programas para del Desarrollo Social quisiera evitar que, en futuros cortes electorales, le cuelguen supuestas deslealtades, estará retado a exponerle a López Obrador ese reporte del Coneval que, sin medir todavía los estragos de la pandemia, documenta que entre la segunda parte del sexenio de Peña Nieto y los dos primeros años del actual (2015-2020) el indicador de las carencias en salud aumentó en 4.8 puntos porcentuales.
Por su parte, al regresar al Senado, Gabriel García Hernández podrá comprobar lo que quizá el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, calla en sus desayunos en Palacio para no mortificar al mandatario: el desabasto de medicamentos, insumos hospitalarios, tratamientos para cáncer y vacunas infantiles es un expediente a punto de estallar en el Congreso, donde ya se acabaron los pretextos para seguir postergando la aprobación de una decena de reclamos por el desorden del Insabi, el fracaso de las compras en el extranjero, a casi un año del cacareado cambio de ley para concretarlas, y las evitadas comparecencias del subsecretario Hugo López-Gatell.
O quizá nadie se atreva a decirle la verdad al Presidente: que, más allá de purgas en el gabinete, a la mitad del sexenio y en tiempos de Covid, con medio millón de empleos perdidos y una economía que tiende a precarizarse, la política social no puede reducirse más al reparto de dinero bajo el lema de primero los pobres.