Organizaciones de la Sociedad Civil condenaron la liberación de los últimos cuatro integrantes de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), encarcelados por su presunta participación en el asesinato de los defensores de derechos humanos Alberta Cariño Trujillo y Jyri Antero Jaakkola.
Indicaron que los sujetos fueron acusados de homicidio calificado con ventaja, alevosía y premeditación, al haber participado en la emboscada armada en contra de una misión civil de paz en las inmediaciones de San Juan Copala el 27 de abril de 2010.
En cuyo ataque —recordaron— perdieron la vida los dos activistas por impactos de bala de alto calibre y resultaron heridas varias personas más del grupo de 20 que integraban la caravana de misión humanitaria, entre los que se encontraban otros activistas y defensores de derechos humanos.
Recordaron que tras la emboscada las personas sobrevivientes fueron amenazadas de muerte por miembros de la Ubisort en caso de que se atrevieran a denunciar los hechos.
Los representantes jurídicos de las víctimas, como los testigos, han solicitado en múltiples ocasiones medidas de seguridad y protección para las personas sobrevivientes, las testigos, así como para la familia Esparza-Cariño.
Sin embargo, indicaron, que todas estas medidas han sido negadas por las autoridades tanto federales como estatales bajo el pretexto de que “no hay un mecanismo de protección a testigos ni víctimas en México”.
Lo anterior, pese a que, tanto a nivel federal como estatal, existen leyes relacionadas con estos temas y con obligaciones claras, subrayaron.
La solicitud de protección para las víctimas y los testigos tenía como finalidad el que pudieran acudir a los respectivos juicios contra los asesinos, bajo condiciones mínimas de seguridad, dado que Ubisort sigue operando con total impunidad en Oaxaca, lanzaron.
Explicaron que a lo largo de 12 años la justicia no ha llegado, pues la investigación judicial tardó 4 años en iniciarse. De las 14 órdenes de aprehensión libradas sólo se cumplieron siete.
Alertaron que, previamente tanto el líder del grupo Rufino Juárez, como Juan Macario Bautista, ya habían recuperado su libertad por los mismos hechos.
Cuestionaron el que hayan sido puestos en libertad Daniel Martínez López, Antonio Solano Velásquez, Mauro Vásquez Ramírez y Elías Cruz Merino, debido a que en el juicio que se siguió en su contra, no pudieron presentarse los sobrevivientes ni las víctimas para señalarlos directamente, pues todas y todos se encuentran en una alta condición de riesgo y algunos de ellos incluso amenazados desde hace años.
Adelantaron que las familias de las víctimas y su representación jurídica han decidido acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia ante la cual solicitarán se admita el caso Alberta Cariño Trujillo, Jyri Antero Jaakkola, personas testigos y familiares.
