Adán Ojeda Alcalá, director de Peticiones, Orientación y Seguimiento de Recomendaciones de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), afirmó que los linchamientos o justicia por propia mano, reflejan la descomposición social y la inseguridad que actualmente se vive en varias regiones de la entidad.
“Eso refleja la descomposición de la sociedad y también la falta de respuesta acerca de políticas de seguridad, porque estos casos han ocurrido contra personas que se les atribuye algún delito y son desnudadas y amarradas”.
En 2017 ocurrieron varios casos en la entidad, de los más lamentables en la comunidad de Macuilxóchitl, municipio de San Jerónimo Tlacochahuaya, donde tres personas que fueron acusadas de ingresar a un domicilio fueron quemados. En la ciudad de Oaxaca también ocurrió otro caso, en la colonia Azucenas un sujeto fue sorprendido asaltando a los transeúntes y fue golpeado por los colonos.
De acuerdo con los registros del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Azcapotzalco, en 2017 los casos de justicia por propia mano ocurrieron principalmente en 8 entidades del país como son: Estado de México, Puebla, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Morelos y la Ciudad de México.
Ojeda Alcalá expuso que desde 2010 cuando habitantes de Salina Cruz incurrieron en la justicia por propia mano, la Defensoría emitió una serie de recomendaciones a las instancias de seguridad pública y procuración de justicia.
“A veces la sociedad no ve un trámite adecuado en la procuración de justicia y prefiere hacer justicia por propia; en las recomendaciones que emitimos hicimos hincapié que la sociedad no puede resolver sus problemas a estos extremos, pudimos observar que esto recae en la responsabilidad de las instancias de Seguridad Pública tanto municipal como estatal, de garantizar la seguridad de todas las personas y prevenir hechos delictivos”.
Informó que sobre el caso ocurrido en Chicometepec, Huazolotitlán, la DDHPO ya solicitó un informe a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), “para saber si tuvieron conocimiento y qué actuación tuvieron y si hubo alguna responsabilidad”, apuntó.
