Las mujeres indígenas no tienen acceso a la justicia y sus derechos son constantemente violentados en las comunidades de sistemas normativos internos, donde se requieren acciones concretas para frenar esta situación.
Así coincidieron durante el panel “Mujeres indígenas en situación de violencia”, en el marco del Foro de análisis “Consolidando un Oaxaca seguro; diálogos con perspectiva de género”.
En el Centro Cultural y de Convenciones, Rosa Bertha Simón Sánchez, integrante del Consejo Consultivo y Social del Instituto Nacional de las Mujeres, señaló que la violencia comunitaria que se ejerce contra las mujeres indígenas ha sido siempre avalada por cierto marco de usos y costumbres.
Expuso que en el caso de mujeres que acceden a cargos de elección popular, éstas son acosadas y perseguidas por los hombres de las comunidades, que no permiten la participación política de las ellas.
Expuso que hay una violencia que no solo se concentra en los 40 municipios con alerta de género, porque que hay más zonas que colindan con aquellos que tienen el mecanismo y que viven situaciones de violencia como la trata y explotación infantil.
Lamentó que las mujeres no tengan acceso a la justicia y eso haga que muchas no quieran denunciar, ante un escenario o sistema patriarcal omiso.
Ante ello, propuso la consolidación de un pacto entre mujeres por medio de redes que se establezcan en las diferentes regiones del estado.
“Muchas mujeres han empezado a ser líderes, que alzan la voz, pero no tienen acceso a la justicia”, agregó.
Por separado, Hita Ortiz Silva, presidenta de la asociación civil Hitandekas, señaló la importancia de que las ideas y los discursos aterricen en las comunidades donde están las comunidades indígenas.
“Allá tenemos los casos de encarcelamiento sin sustento, mujeres encarceladas injustamente. El Gobierno debe voltear la cara y revisar caso por caso de las mujeres violentadas. Lo más difícil es cuando atentan contra la vida de las mujeres indígenas que no nacieron en cuna de seda ni tienen apellido de abolengo; que sus padres no son funcionarios y no son ricos, y que no tienen derecho a la justicia ni a exigir ley”, lamentó.
