El secretario del Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable del Estado de Oaxaca (Semaedeso), Samuel Gurrión Matías, reconoció que por falta de reglamentación, personal y derivado de los amparos que tramitaron diversas empresas, le Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos para el Estado de Oaxaca, mejor conocida como “ley anti PET”, no se ha podido aplicar en su totalidad.
A pesar de que la ley se aprobó desde el 2019, durante su comparecencia en el congreso local, el funcionario se comprometió a presentar la norma con que se aplicarán las sanciones en los próximos días, pero dijo que el reto ahora será llegar a todas las regiones con un reducido número de verificadores.
“Solamente contamos con cinco trabajadores que salen a verificar en todo el estado, cuándo vamos a acabar, cuándo vamos a verificar sobre la nueva ley, no alcanza para todo el estado”.
Detalló que en la Zona Metropolitana de Oaxaca se han verificado varias empresas nacionales y transnacionales en el que se han iniciado 11 procedimientos, sin embargo, éstos no han prosperado debido a los amparos que interpusieron las grandes cadenas comerciales.
“La ley es correcta y acertada, pero no es sencillo aplicarla por la pandemia, estamos viviendo una crisis económica grave y a veces hay que tener un poco de criterio porque no podemos cerrar una serie de negocios, afectaría a las pequeñas empresas, a las misceláneas y tienditas”.
Impune tema de la corrupción
Sobre el amañado proceso en la contratación de una empresa para realizar los estudios de la contaminación en los Ríos Atoyac y Salado, el funcionario informó que no se aplicaron sanciones a funcionarios públicos de esta dependencia, pues la misma Contraloría, recomendó continuar con la licitación, “pero al final de cuentas se repuso y ahora la que está participando es una empresa oaxaqueña”.
En el tema del basurero municipal que se ubica en la agencia Vicente Guerrero en Zaachila, arremetió contra su antecesor José Luis Calvo Ziga, a quien señaló que haber contratado una empresa recomendada para la compactación de los desechos.
“Cuando llegamos a la Secretaría estaba una empresa que no hacía nada y cobraba más de 2 millones, por eso buscamos la que estaba, que sí sabía hacer las cosas y ahora se paga mensualmente alrededor de 1.9 millones”.
Podrían paralizar las empresas eólicas
Durante su comparecencia, Samuel Gurrión destacó que debido a la política del gobierno federal, existe el riesgo que las empresas eólicas puedan cerrar y que Oaxaca deje de ser pionero en el tema de energías renovables.
“La nueva política del gobierno federal no está permitiendo la inversión en este rubro y que crezcan estás empresas, eso es lo que nos han externaron, ya se pararon cuatro parques que estaban a punto de operar”, apuntó.
