La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, bajo la dirección de la Maestra Elizabeth Lara Rodríguez, ha hecho pública una alarmante situación en su nuevo “Informe Especial: Desplazamiento Forzado Interno en el Estado de Oaxaca”. Este informe no solo busca visibilizar la crisis de los derechos humanos de las personas desplazadas, sino que también expone las particularidades de un fenómeno que afecta, en su mayoría, a comunidades y pueblos indígenas de la región.
CONTEXTO Y PRESENTACIÓN DEL INFORME
La presentación del informe tuvo lugar en el Salón Audiovisual del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca. Un evento significativo que reunió a figuras clave como el Diputado Sergio López Sánchez y la Diputada Xóchitl Jazmín Velázquez. Así como al Presbítero José Alejandro Solalinde Guerra y la Maestra Flor Estela Morales Hernández. Este marco propició un diálogo crucial sobre la problemática del desplazamiento forzado. En un estado donde los conflictos sociales han llevado a un aumento alarmante de la vulnerabilidad de diversas comunidades.
La Defensoría, amparada por su Ley, ha llevado a cabo un riguroso análisis basado en 156 expedientes de queja y diversos antecedentes recopilados entre 2010 y 2023. A través de este ejercicio de sistematización, el informe revela las principales causas del desplazamiento forzado en Oaxaca. Entre ellas, se destacan la imposición de sanciones comunitarias, conflictos agrarios, diferencias religiosas y la falta de claridad en derechos parcelarios. Esta realidad ha expuesto a muchas familias a un ciclo de violencia y despojo.
Durante la presentación, la Maestra Lara Rodríguez enfatizó que “el reconocimiento de los derechos humanos de las personas desplazadas ha sido lento”. Señalando la falta de voluntad institucional y la ineficacia de políticas públicas anteriores. Esta situación ha dejado a las víctimas en un estado de vulnerabilidad extrema.
ACCIONES CLAVES
El informe busca ofrecer un panorama detallado del desplazamiento forzado en el estado, resaltando la urgencia de un tratamiento diferenciado para las comunidades indígenas. Para abordar esta crisis, la Defensoría propone varias acciones clave:
Reconocimiento legal: Que el desplazamiento forzado sea reconocido como una violación de derechos humanos, garantizando la protección de los afectados antes, durante y después del desplazamiento.
Identificación de causas estructurales: Es fundamental abordar las raíces de los conflictos que generan desplazamientos, promoviendo un marco normativo claro que defina las atribuciones de las autoridades en la materia.
Generación de datos: La elaboración de censos de personas desplazadas, en colaboración con el INEGI y otras instituciones, es esencial para crear políticas públicas con enfoque en derechos humanos, género e interculturalidad.
UN COMPROMISO INSTITUCIONAL
Por otra parte, la Maestra Lara Rodríguez subrayó que este informe es un esfuerzo institucional para recuperar la voz de las personas desplazadas y su demanda de justicia.
“Continuaremos trabajando para visibilizar estos fenómenos sociales y garantizar que los derechos humanos sean respetados”, afirmó.
El “Informe Especial: Desplazamiento Forzado Interno en el Estado de Oaxaca” ya está disponible para consulta y descarga. Un recurso vital para activistas, académicos y cualquier persona interesada en comprender y abordar esta crisis humanitaria que afecta a Oaxaca.
En resumen, el desplazamiento forzado en Oaxaca es un fenómeno complejo que exige la atención urgente de todos los niveles de gobierno y de la sociedad civil. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca se posiciona como un actor clave en la búsqueda de justicia y protección para las comunidades más vulnerables.
