La Secretaría de la Contraloría no ha detectado, hasta el momento, desfalco de recursos del erario público pese a las investigaciones que tiene en curso y de personas que han inhabilitado.
De acuerdo con los datos, se han inhabilitado a 600 personas de alguna u otra manera y ha llevado desde 2017 a la fecha mil 900 acciones de procedimientos de responsabilidades administrativas.
“Hasta la fecha y con las revisiones que hemos hecho con Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, no tenemos hasta ahorita un asunto que nos genere algo tan grave como un robo o un desfalco”, señaló el secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, José Ángel Díaz Navarro.
Lo que encuentran de manera más común es el ejercicio de los recursos fuera de tiempo o la falta de presentación de la documentación completa, “situaciones mucho más administrativas”, comentó el funcionario.
Y es que, al no entregar la documentación completa, derivan las observaciones, principalmente en el caso de los municipios.
Dentro de las últimas revisiones de la Secretaría se encuentran algunas denuncias contra trabajadores del Registro Civil de donde han revisado, sancionado, así como separado de sus cargos a servidores públicos, debido a los señalamientos en contra.
De acuerdo con Díaz Navarro, las áreas donde se prestan servicios, pueden generarse más irregularidades con funcionarios que actúan de manera errónea.
Ya que, por querer avanzar en algunos trámites, los usuarios acceden a pagar dádivas por agilizarlos y eso es incorrecto.
Ante alguna actitud incorrecta de los funcionarios, el contralor recomendó a los afectados presentar todos los elementos para robustecer la investigación y se llegue a la sanción correspondiente.
En su reporte, indicó que de enero al 17 de octubre cuentan con mil 850 expedientes con procesos de revisión, de los cuales, mil 552 fueron resueltos derivando mil 318 sanciones y 12 expedientes relevantes remitidos al Tribunal de Justicia Administrativa.
Mientras tanto, por los procesos de revisión a las autoridades municipales, la Secretaría de la Controlaría está aún en tiempo de recibir los sustentos de las observaciones por unos 200 millones de pesos.
Mientras tanto, en el tema de la auditoría a la reconstrucción de escuelas después del sismo del 2017, el funcionario declaró que el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa (IOCIFED) tiene responsabilidades ante la Fiscalía Anticorrupción que se verificarán con la presencia física de las obras.
