Durante el 2021, el estado de Oaxaca se ubicó entre las 10 entidades federativas con mayores quejas ciudadanas contra elementos de seguridad pública, entre los que destacan casos de brutalidad policiaca en que incurrieron elementos municipales.
Resultados del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (CNSPE) 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), destacan que en 2021, las instituciones de seguridad pública estatales recibieron 11 mil 455 quejas ciudadanas a través de los mecanismos para la recepción de quejas. De acuerdo con las cifras de 2020, las quejas disminuyeron 14.1%.
La institución de seguridad pública de Ciudad de México concentró 45.0% de estas quejas con 5 mil 160 casos, le sigue el Estado de México con mil 327, Tamaulipas 894, Veracruz 813, Chiapas 736, Nuevo León 473, Coahuila 302, Querétaro 285, Tabasco 236 y Oaxaca en el décimo lugar con 190.
Aunque estas quejas fueron recabadas en las instituciones estatales de seguridad pública, en la entidad oaxaqueña la mayoría de casos de brutalidad policiaca en el que incluso las víctimas han perdido la vida, ocurrieron en las comisarías o direcciones de seguridad pública municipales como fue el caso de un joven que perdió la vida en los separos de la policía municipal de Mazatlán Villa de Flores en el 2021.
En años anteriores como en el 2020 también se denunciaron otros casos en contra de policías municipales como en Acatlán de Pérez Figueroa, donde un joven deportista fue asesinado por elementos municipales y otro caso más se denunció en San Pablo Huitzo.
El último caso ocurrió en el municipio de Salina Cruz, en el que la joven Abigail Hay Urrutia fue hallada sin vida dentro de la celda de la policía municipal y a la fecha el caso continúa bajo investigación de las autoridades estatales.
Referente de la normatividad en materia de régimen disciplinario, el reporte señala que se sancionó a 14 mil 810 servidoras y servidores públicos. De estos, 85.4% eran hombres y 14.6%, mujeres.
Además, 451 servidoras y servidores públicos fueron denunciados ante el Ministerio Público por la comisión de algún presunto delito realizado en el ejercicio de sus funciones. En comparación con 2020, las y los servidores públicos sancionados y denunciados aumentaron 29.7 y 23.9 %, respectivamente.
