Durante el periodo de enero al mes de abril de 2025, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), ha recibido un total de 32 demandas por Violencia Política en Razón de Género (VPRG).
De estos casos, 16 se encuentran en instrucción, respecto a las denuncias por obstrucción al ejercicio del cargo, fueron promovidos 9 juicios por mujeres, de los cuales 7 reclamaron VPRG.
El informe del TEEO señala que de las mujeres que denunciaron VPRG, 11 se reconocieron como miembros de un grupo indígena, en los cuales en un caso se resolvió la existencia de VPRG y obstrucción al ejercicio del cargo.
En la guía de atención para las mujeres que sufren VPRG, se destaca que a nivel mundial, las instituciones han tenido que trabajar en su conceptualización y en el diseño de mecanismos para su prevención, atención y sanción.
En México, los avances han sido paulatinos, existen Protocolos de atención de la VPMRG a nivel federal y local, pero no fue sino hasta 2020 que se reguló el fenómeno en el marco normativo federal.
Por su parte, la mayoría de entidades federativas, incluyendo Oaxaca, llevó a cabo la armonización legislativa a fin de dotar de herramientas, funciones y facultades a las instituciones competentes a nivel local en materia de VPMRG.
El documento establece que este tipo de violencia se define como toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género ejercida dentro de la esfera pública o privada, cuyo objeto o resultado es limitar, anular o menoscabar el reconocimiento o ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres.
Además, representa el impedimento de acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo. Y el acceso y ejercicio a las prerrogativas, cuando sean precandidatas, candidatas o ejerzan un cargo público.
Aunque en materia de paridad, la entidad oaxaqueña ha avanzado en varios espacios de elección popular como en el congreso local, presidencias municipales y autoridades auxiliares, aún persiste la violencia hacia las mujeres a quienes se les impide realizar sus labores mediante actos que violentan sus derechos fundamentales.
