Integrantes del Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos” afirmaron que el movimiento feminista está a favor de la vida de las mujeres y las niñas, por las que pretenden que el aborto sea una decisión libre e informada.
A diferencia del sector conservador y sus representantes de derecha, señalaron las militantes, no buscan imponer ninguna práctica, pero sí exigir que los gobiernos implementen una política pública de servicios de salud reproductiva de manera legal, segura, accesible y sin discriminación alguna.
“Estamos a favor de los derechos humanos y del reconocimiento de la dignidad y la autonomía de las mujeres. Por ello nos preocupa que a través de un grupo de integrantes del Congreso local, se promueva por diferentes medios, la culpabilización de las mujeres, ahora en relación a la decisión de interrumpir un embarazo”, expresó la presidenta del GESMujer, Angélica Ayala.
Destacó además la importancia de acabar el sistema patriarcal que se niega a renunciar al control sobre el cuerpo y las decisiones de las mujeres.
“En sus manos está legislar a favor de la vida de las niñas y las mujeres, es su obligación y demandamos su cumplimiento. Si no lo hacen será su responsabilidad cada una de las muertes que ocurran a consecuencia de un aborto practicado en condiciones inseguras”, señaló la presidenta de la organización civil respecto de las legisladoras, en el marco de la discusión que se da en el recinto legislativo sobre la despenalización del aborto.
Insistió en que el GESmujer está a favor de las libertades y respeta las creencias y su práctica en el ámbito privado, pero reprueba que las convicciones personales de los diputados se trasladen al sector público.
“Estamos a favor de una justicia reproductiva, donde las mujeres y las niñas ejerzan sus derechos con libertad, todas, también quienes enfrentan mayor vulnerabilidad por su condición de pobreza o pertenencia a comunidades indígenas, pues quienes cuentan con información y recursos económicos sí pueden acceder a un aborto seguro”.
Señaló que los embarazos en niñas menores de 15 años, en su mayoría, son a consecuencia de violencia sexual, “se enfrentan a la violencia institucional insensible, que las revictimiza, impidiendo que ejerzan un derecho que ya contempla la ley, pero que la burocracia obstaculiza”.
Finalmente, consideró preocupante las acciones que se han suscitado recientemente por parte de los sectores más conservadores, al hacer un uso indebido de las instalaciones del Congreso en Oaxaca, donde sin respetar el Estado Laico, llevaron imágenes religiosas al recinto legislativo en el marco de la discusión de la iniciativa de ley de la despenalización del aborto.
