De acuerdo con datos del gobierno de Oaxaca, las cuotas o derecho de piso que aportan los propietarios de las tortillerías a los dirigentes de los sindicatos de transportistas que operan en la entidad oaxaqueña, disparó el precio de la tortilla que en un periodo de dos años pasó de 14 a 23 pesos el kilogramo.
Durante su conferencia semanal, el Gobernador Salomón Jara Cruz expuso que, estas prácticas se han detectado en las principales ciudades y municipios conurbados como en Oaxaca de Juárez, Tlacolula de Matamoros, Ocotlán de Morelos y otras zonas ubicadas en el Istmo de Tehuantepec.
Un tema importante y que nos preocupa es el cobro de piso que se hace a las tortillerías, el peso promedio de la tortilla es de 23 pesos, hay quienes la pueden dar más barata, pero sus organizaciones les imponen la unificación de precio”.
Jara Cruz denunció que entre los sindicatos que se dedican a esta práctica, se encuentran la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) y la Confederación de Trabajadores de México (CTM).
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) no puede imponer precios, pero sí la obligación de que no se incrementen de manera injustificada los productos, además que los comercios deben de exhibir los precios y dar pesos completos, para ello deben tener las básculas calibradas con holograma 2023, sin embargo, en las visitas de verificación que ha realizado la Profeco, han detectado que estas organizaciones presionan a los tortilleros a dar un solo precio para cobrarles derecho de piso”.
Detalló que los dirigentes de estos sindicatos, también violentan a los verificadores de la Profeco al momento de realizar sus verificaciones, por lo cual ya se dio parte a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).
Tenemos que actuar porque quienes cargan con los precios altos y quien sufre es el pueblo, porque los dueños de las tortillerías para poder sacar lo que pagan le aumentan en sus precios y los que sufren son quienes la consumen”.
El Gobernador consideró que estas prácticas se permitían en los gobiernos anteriores, pues los mismos funcionarios se llevaban sus moches para evitar sancionar o actuar ante la presencia de los sindicatos violentos.
