Apenas 5 días después de la maniobra de la bancada del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para disolver, por decreto, el Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca (TJAO), separar a los ministros de esta instancia, crear el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción y nombrar a ministros integrantes, ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la Controversia Constitucional 396/2023.
Los integrantes de la Comisión de Receso de La Corte, Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, concedieron la suspensión del decreto para que las magistradas y los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca sigan en el cargo que les fue conferido y no les sustituyan las personas nombradas en esta sesión extraordinaria, no se dé curso a la indemnización a la que se refiere el decreto y no se les interrumpa el pago de sus percepciones.
De acuerdo con la cobertura realizada por EL IMPARCIAL el pasado sábado 22 de julio, con 33 votos a favor y dos en contra, en una sesión mixta, la 65 legislatura local creó el TJACCO en sustitución del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca.
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En menos de 15 minutos, sin que pasara por comisiones para su análisis, con irregularidades en la convocatoria, el decreto fue presentado directo al pleno para su aprobación, luego de que por mayoría los legisladores avalaron que tampoco fuera antes analizado y votado en comisión.
Especialistas y líderes partidistas de oposición han expresado las anomalías cometidas por la legislatura como que en solo 2 minutos, violentando el proceso legislativo, se impidiera el estudio, debate, además del análisis y fuera aprobado el decreto.
Los ministros indicaron que se concede la suspensión del decreto para asegurar que las personas habitantes de Oaxaca cuenten con un Tribunal ante el cual dirimir sus diferencias frente a la administración pública estatal y evitar una vulneración del derecho humano a la impartición de justicia pronta y expedita, previsto en el artículo 17 Constitucional.
Por la mañana, en sesión extraordinaria, el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca (TJACCO) había determinado distribuir en las salas los más de 8 mil expedientes rezagados, realizó varios nombramientos y la creación de una nueva sala. Todo ello fue frenado por la SCJN.
La medida cautelar también tiene por efecto que las funciones del actual Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca no se modifiquen y que el Congreso se abstenga de realizar la reasignación presupuestal que ordena el decreto cuestionado, insistieron los ministros.
Conforme al procedimiento establecido, la Corte comenzará a analizar si la reforma de la que derivó el decreto impugnado siguió el procedimiento legislativo que se define en la Constitución y, en su caso, si el contenido del decreto cumple con los principios establecidos en ésta.
A juicio de especialistas, hubo desaseo y falta de técnica jurídica por parte de los diputados. Los magistrados separados de sus cargos habían anunciado casi de inmediato que interpondrían una demanda de amparo y una controversia constitucional para dejar sin efectos la medida y ser restituidos en sus cargos.
Los integrantes de la 65 Legislatura tuvieron solo cinco minutos antes del inicio de la sesión extraordinaria celebrada el pasado sábado para leer el decretazo. En poco más de siete minutos, los diputados avalaron la eliminación del TJAO, “cuando la ley estipula un plazo mínimo de 24 horas”, argumentan ex ministros al enlistar fallas procesales.
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Además, la tarde del sábado el edificio del TJAO fue rodeado por corporaciones policiacas y en una segunda sesión celebrada sólo tres horas y media después de la anterior, Luis Alfonso Silva Romo, presidente de la Junta de Coordinación Política, presentó las ternas propuestas por el gobierno de Salomón Jara para ocupar cargos en la Sala Superior y las salas unitarias del TJACCO y el acuerdo fue aprobado.
Según el Artículo 104 del reglamento interior del Congreso, el orden del día de cualquier sesión se publicará en la gaceta parlamentaria un día antes; se anexarán iniciativas, propuestas con punto de acuerdo y dictámenes a tratar, con el propósito de que los diputados cuenten con toda la información y puedan votar con conocimiento de causa.
Sin embargo, en esta ocasión no fue así, pues el dictamen les fue entregado a las 12:55, cinco minutos antes de que se iniciara la sesión. No se publicó la convocatoria para conformar una a lista de aspirantes a magistrados, por lo que los diputados desconocían si los nuevos integrantes cumplían con requisitos de ley.
Con información de Pedro Silva / Agencias
