Llaman a corcholatas respetar reglas y marco constitucional
Será el TEPJF quien determine sobre los actos anticipados de campaña
Para la consejera del INE, Carla Humphrey Jodan, es necesario exhortar a los partidos políticos y a las personas aspirantes a un cargo de elección popular, a “respetar las reglas que ellos mismos establecieron como fuerzas partidistas”.
Al referirse a las quejas por presuntos actos de precampaña de diferentes actores políticos, enfatizó que el Instituto Nacional Electoral (INE) le da a la ciudadanía la garantía de actuar con imparcialidad y en el marco de la ley y el debido proceso.
Dijo que en un Estado de Derecho hay procesos que se deben seguir, como la sustanciación, el derecho de audiencia y el análisis de las pruebas para tomar una determinación.
Señal que, como autoridades administrativas, “lo que nos toca es recibir las quejas, sustanciarlas y dictar medidas cautelares como tutelas preventivas”, y que será la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la que determine si hay alguna irregularidad.
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Mencionó que lo que el INE sí está haciendo, es fiscalizar todos los recursos que usan los partidos políticos, tanto para cuestiones relacionadas con elecciones como fuera de éstas. Ejemplificó que ya se ordenó el monitoreo de algunos gastos para tener constancia de elementos publicitarios.
Humphrey Jordan comentó que en primera instancia, se debe exhortar a los partidos políticos y a las personas aspirantes a un cargo de elección popular, a “respetar las reglas que ellos mismos” establecieron como fuerzas partidistas.
Mientras que, en un segundo término, se deben esperar las resoluciones de la Sala Superior del TEPJF, que tiene a su cargo la evaluación jurisdiccional de los temas electorales.
La víspera el INE exhortó a Morena, así como a Claudia Sheinbaum Pardo, Adán Augusto López Hernández, Marcelo Luis Ebrard Casaubon, Ricardo Monreal Ávila, Manuel Velasco Coello y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, para que se ajusten en todo tiempo, a los límites y parámetros constitucionales recalcándoles la obligación de conducirse acorde a los principios de legalidad y equidad.
