Exdirector del IEBO otorgó 263 plazas irregulares
Fue detenido por elementos de la AEI en un restaurante de la zona norte de la ciudad
De acuerdo con datos de la Consejería Jurídica y Asistencia Legal del Gobierno del Estado de Oaxaca, el exdirector del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca (IEBO), Alejandro Aroche Tarasco, habría otorgado al menos 263 plazas de manera irregular durante su periodo al frente de la institución.
Por ello, el titular de la Consejería Jurídica, Geovany Vásquez Sagrero, reconoció el trabajo realizado por las autoridades judiciales para lograr la detención del exfuncionario, quien está acusado de presunto fraude y vínculo al llamado Cártel de las Plazas.
Cabe destacar que el exfuncionario del gobierno de Alejandro Murat, fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) en un restaurante de la zona norte de la ciudad de Oaxaca de Juárez.
Informó que también el extitular del área jurídica del IEBO enfrenta un proceso penal por el delito de peculado por transferencias bancarias irregulares. Además, el actual detenido habría permitido la creación de manera irregular de un nuevo sindicato de trabajadores, principalmente de directivos, en detrimento del erario público.
Estas denuncias forman parte de una investigación realizada en torno al proceso de entrega-recepción en cada una de las áreas del Gobierno del Estado. Esta es una actividad que él realizó de manera ilegal, el tipo penal se llama Fraude por Simulación”.
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Detalló que el ahora detenido está presuntamente está vinculado con el denominado “Cártel de las Plazas” en el IEBO donde se crearon un aproximado de 263 plazas irregulares, ya que como director del organismo no hizo nada en defensa del Estado, “sin tener una autorización de la Junta de Gobierno del IEBO y sin tener un techo presupuestal, él sabía que tenía que defender los derechos del Estado; pero no lo hizo”, afirmó.
Explicó que, cuando surgió el nuevo sindicato primero promovió un medio de impugnación y poco antes de iniciar el presente Gobierno se desistió, “dejando a la nueva administración sin medios de impugnación para que pudieran entrar estas personas, con un consecuente desgaste al erario, sin partidas presupuestales, y esa carga presupuestal desde luego queda en perjuicio del Estado”.
