La LXV Legislatura del Congreso del Estado aprobó, como mero trámite, la minuta enviada por el Senado de la República por el que se reforman y adicionan los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público conocida como “Ley 3 de 3” contra la violencia.
En la víspera, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión realizó la declaratoria de aprobación, luego de que 23 congresos estatales respaldaran los cambios.
Dicha reforma suspende el derecho para que hombres que hayan incurrido en violencia de género, delitos sexuales y deudores de pensiones alimentarias, puedan ocupar empleos, cargos públicos o comisiones en el servicio público, o ser candidatos a puestos de elección popular.
Dicha minuta le fue enviada el 28 de abril de este año al Congreso local, no obstante, se llevó después que fue votada por los congresos de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México.
La Diputación Permanente citó a sesión extraordinaria para ayer jueves y aprobar esa minuta del Congreso de la Unión.
Con eso, se sumaron a la aprobación del decreto que reforma los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de “suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión en el servicio público”.
A nivel nacional, dicha reforma fue enviada al Diario Oficial de la Federación para su publicación y una vez publicada, entrará en vigor.
Dicho decreto establece la suspensión de los derechos o prerrogativas de los ciudadanos por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal contra la libertad y seguridad sexuales, y el normal desarrollo psicosexual.
Además por violencia familiar, equiparada o doméstica y violación a la intimidad; por violencia política contra las mujeres en razón de género en cualquiera de sus modalidades y tipos; y por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.
En los supuestos de esta fracción, la persona no podrá ser registrada como candidata a cualquier cargo de elección popular ni ser nombrada para algún empleo, cargo o comisión en el servicio público.
Al fijar posicionamiento, la diputada Lizbeth Concha Ojeda, a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), expresó que celebró la declaratoria de esta reforma constitucional.
Representa una gran muestra de sororidad por parte de este congreso estatal, es un gran logro para visibilizar y sancionar la violencia que se comete en contra de las mujeres y las infancias en el país, se previene la violencia familiar y se garantiza la protección de las mujeres, las niñas y los niños”, refirió.
Pidió seguir construyendo las vías legales para seguir construyendo los cambios de fondo, “desde este Congreso debemos hacer lo necesario para reforzar las disposiciones que aprueben y castiguen conductas lamentablemente tan cotidianas contra las mujeres”.
Por eso, a nombre del PRI se sumó a esta y todas las causas a favor de las mujeres y a favor de las infancias.
También diputadas del partido Morena, Liz Arroyo y del Partido del Trabajo, María de los Ángeles Vásquez Ruiz, se congratularon con esta determinación.
Además, en sesión extraordinaria, el Congreso de Oaxaca aprobó la minuta del Senado de la República por el que se reforman y adicionan los artículos 55 y 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de edad mínima para ocupar un cargo público.
Con ello, se redujo de 21 a 18 años la edad mínima con la que deben contar las personas para ocupar un cargo de elección popular, y de 30 a 25 años para ocupar una secretaría de estado.
El Congreso local, también autorizó el reconocimiento con la categoría de agencia de policía a favor de la localidad de “Río Jalapilla”, perteneciente al municipio de San Pablo Cuatro Venados, Zaachila; así como de núcleo rural a la comunidad de “Montevideo”, del municipio de San Pedro el Alto, distrito Pochutla.
