El Congreso de Oaxaca aprobó, con 34 votos a favor, la ley “3 de 3 contra la violencia de género” que reforma la Constitución Política para frenar el acceso a cargos públicos y de designación a agresores de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Bajo la consigna de ningún agresor al poder, las y los legisladores reformaron el Artículo 21 Bis, al cual le agregaron que no podrán ser servidores públicos quienes hayan incurrido en violencia familiar, delitos sexuales o ser deudor alimentario.
A dicho artículo le añadieron el texto que a la letra dice:“… y mediante resolución firme por delitos cometidos por razones de género; por violencia familiar; por delitos sexuales y no estar inscrito como persona deudora alimentaria morosa en cualquier registro oficial a menos que acredite estar al corriente del pago, cancele en su totalidad la deuda o bien, tramite el descuento pertinente ante las instancias que así correspondan, en términos de lo dispuesto en la ley de la materia”.
En tanto, estas reformas derivaron de tres iniciativas, dos de ellas de diputadas de la LXV Legislatura y una enviada por el gobernador Salomón Jara Cruz que presentó el pasado 1 de febrero.
Las modificaciones se dieron para que las personas aspirantes a cargos públicos, de poder y de toma de decisiones, no hayan sido condenadas afronten resolución firme por delitos de género, por violencia familiar o por cometer delitos por razones de género.
Asimismo no estar inscrito como persona deudora alimentaria morosa en cualquier registro oficial, a menos que acredite estar al corriente del pago, cancele en su totalidad la deuda o bien, tramite el descuento pertinente ante las instancias que así correspondan, en términos de lo dispuesto en la ley de la materia.
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Estas reformas aplican para el nombramiento de la Auditoría Superior de Fiscalización, para magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca (TSJO) y en el caso de la titularidad en la Defensoría.
Además, quienes aspiren al órgano garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno, así como de la Fiscalía General y del Tribunal e incluye a consejeros electorales, deberán someterse a esta reforma.
De acuerdo con los datos de la diputada Mariana Benítez Tiburcio, en el 2022 se iniciaron 7 mil carpetas de investigación por violencia familiar y por violencia sexual, manifestada en delitos de violación, abuso y hostigamiento sexual.
En los transitorios, se estableció que el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado y el Congreso del Estado tendrá 180 días naturales a partir de la entrada en vigor para reformar las leyes secundarías que correspondan de conformidad con el presente decreto.
Y se instruyó que se publique en el periódico oficial del Estado de Oaxaca.
